Bruselas, 17 may (EFE).- La Unión Europea (UE) quiere tener un papel prominente en los debates internacionales sobre la adaptación de las normas fiscales a la economía del siglo XXI, cada vez más digitalizada, pero hablar al unísono será difícil para veintiocho países que no lograron introducir siquiera su propia tasa digital.
Los ministros de Economía comunitarios intentaron este viernes encontrar una posición común que defender en junio en la reunión de titulares de Finanzas del G20 en Japón, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentará un primer informe sobre los progresos en la materia.
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, admitía tras la reunión que «va a ser complicado» que los Veintiocho hablen con una sola voz en los foros internacionales.
Las divergencias entre los socios comunitarios ya frustraron el intento de fijar un impuesto a los gigantes de Internet en la UE, especialmente por la oposición de Irlanda, que ofrece algunos de los tipos más bajos del continente y es destino preferente para muchas multinacionales.
La introducción de la tasa se ha pospuesto precisamente a la espera de encontrar una solución en la OCDE, a más tardar en 2020, para responder a los temores de algunos países a perder atractivo como destino para las grandes empresas frente a otras partes del mundo y a pesar de las advertencias de las instituciones europeas y Estados, como Francia o España, sobre la desigualdad que genera.
La discusión en el seno de la OCDE gira en torno a dos pilares: el establecimiento de un tipo mínimo común del impuesto de sociedades para evitar la competencia a través de las rebajas de impuestos y la adaptación de las normas fiscales a los nuevos modelos de negocio, que permiten operar en un mercado sin presencia física y crear valor gracias a los usuarios.
Calviño defendió que para España el establecimiento de un tipo mínimo en Sociedades en la UE es «indispensable» y subrayó que la competencia fiscal perjudica la recaudación de las arcas públicas y es percibida como una «injusticia» por los ciudadanos.
«No tiene sentido estar hablando de un mercado interior y de libre circulación de los factores de producción cuando tenemos sistemas fiscales, en un factor tan móvil como son las sociedades, que puede encontrarse en una carrera hacia abajo», insistió.
Sin embargo, esta idea no genera consenso entre los países, que hoy se limitaron a mencionar de modo «informal» algunas cifras, sin barajar un tipo concreto que sería aceptable para todos, explicó Calviño.
En la misma dirección que España apunta la Comisión Europea, que de cara al debate presentó a los ministros una «estrategia» que incide en la «urgencia» de actualizar las normas tributarias y pide a cada Estado que calcule el impacto que tendría sobre sus economías los cambios que se vayan proponiendo.
Para el Ejecutivo comunitario, se deben perseguir tres objetivos: diseñar un modo de decidir dónde deben tributar las empresas teniendo en cuenta los nuevos modelos de negocio, fijar un mínimo de tributación efectiva y garantizar un entorno empresarial estable, que evite la doble imposición y distorsiones.
Sin embargo, el único acuerdo alcanzado por los países hoy es el de colaborar, probablemente a través de un grupo de trabajo, para mantener informados a los que no están en el G20.
Las diferencias de los Veintiocho en materia fiscal, en todo caso, se extienden más allá del ámbito digital: los ministros también fueron hoy incapaces de pactar una reforma de las normas sobre impuestos especiales al alcohol.
El principal punto de discordia tiene que ver con el alcohol producido en los hogares para consumo privado, donde los Estados no se ponen de acuerdo en la cantidad máxima que se puede destilar sin pagar el impuesto.
Una de las propuestas que se puso sobre la mesa planteaba que la exención del impuesto o el tipo reducido solo se aplicase si se produce un máximo de 50 litros de licor de frutas al año, aunque el límite se elevaría a los 100 litros por hogar en Rumanía y Hungría, países con una importante tradición de elaboración de estas bebidas.
Por otro lado, también dentro de la reforma de estas normas, España defendió que se mantenga el trato fiscal diferenciado al vino, que según las normas actuales puede quedar exento de impuestos especiales. Esa excepción se incluyó en la propuesta que los ministros debatieron.
«España ha defendido la continuidad de la actual fiscalidad diferencial según el tipo de producto, atendiendo a las distintas formas de elaboración, tradiciones, culturas y formas de consumo. Se trata de un asunto especialmente importante para el sector vitivinícola, de gran relevancia en nuestro país», declaró Calviño.
Los ministros seguirán buscando un acuerdo en próximas reuniones.
