La AIReF cifra en 1.318 millones la recaudación por equiparar diésel y gasolina

Santander, 21 jun (EFE).- El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha señalado este viernes que equiparar la fiscalidad entre gasóleo y gasolina en España podría aumentar la recaudación en 1.318 millones de euros anuales.

Durante su intervención en el curso de finanzas sostenibles organizado por la APIE y el BBVA, Escrivá ha explicado que igualar los tipos en el impuesto de hidrocarburos de los dos carburantes impactaría en todos los hogares pero con más intensidad en las rentas medias y altas.

También ha apuntado que la fiscalidad verde en España está actualmente seis décimas por debajo de la media europea -en el 1,83 % del PIB frente al 2,4 % de la Unión Europea- y con niveles de recaudación por debajo de los de hace 20 años.

En 1995, ha explicado, la recaudación por impuestos ambientales suponía el 2,1 % del PIB en España mientras que actualmente está en ese 1,8 %.

Escrivá también ha querido reflejar las desigualdades entre Comunidades Autónomas en temas impositivos medioambientales que van del 0,8 % del PIB en Extremadura al 0,1 % de Cantabria, Madrid o La Rioja.

Y ha recordado que aunque las inversiones ambientales en CCAA y entes locales quedan fuera de las restricciones de la regla de gasto apenas supusieron el 1 % en el caso de los ayuntamientos y el 4 % en el de las autonomías.

«El sector público también puede jugar un papel importante canalizando fondos hacia inversiones sostenibles», recoge la AIReF.

La situación de la fiscalidad verde y de las inversiones publicas son unas de las cuestiones que el presidente de la Autoridad Fiscal ha planteado para hacer más sostenibles las finanzas junto a la adecuada existencia de instrumentos financieros y la necesidad de evaluar y coordinar mejor las políticas públicas ambientales.

En este contexto, el presidente de la AIReF ha pedido mejores trabajos de evaluación antes plantear medidas y estrategias, así como una mayor coordinación entre administraciones y un análisis del impacto en los perdedores de cada decisión que se toma.

En España, ha añadido, «no hay un modelo de evaluación sobre temas medioambientales que integre a instituciones independientes y organismos públicos».

«Nos enfrentamos a un escenario de baja calidad de nuestras instituciones que acaba generando desigualdades e injusticias», ha remarcado.

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