La Audiencia de Madrid ordena agrupar todas las piezas del caso Rato

Madrid, 1 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato que agrupe en una misma causa la pieza por la publicidad de Bankia, hasta ahora a la espera de que se fijara la fecha de juicio, y las pesquisas por fraude fiscal y blanqueo.

La decisi√≥n conocida este lunes revoca el auto de procesamiento dictado por el magistrado Antonio Serrano-Arnal, con lo que dejar√≠a sin efecto la apertura del juicio oral contra el exministro y otras doce personas por los 835.024 euros en comisiones que habr√≠a percibido Rato de las campa√Īas publicitarias de la entidad.

Los magistrados de la secci√≥n 23 de la Audiencia Provincial de Madrid adoptan esta postura tras valorar que «se hallan √≠ntimamente anudados los delitos de blanqueo, fiscales y de corrupci√≥n en los negocios», objeto de cada una de las piezas.

Actuando as√≠ «se evitar√≠an pronunciamientos contradictorios en caso de enjuiciamiento por separado», prosigue la sala, que aclara que la uni√≥n en una √ļnica causa no supone un riesgo de dilaciones indebidas dado el avanzado estado de las investigaciones.

El pasado 21 de febrero, el juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 31 de Madrid decret√≥ el procesamiento de Rato por la pieza Zenith-Publicis, sobre un presunto trato de favor en la concesi√≥n de los contratos publicitarios del lanzamiento de la marca Bankia a estas agencias.

Medida que tambi√©n afectaba a otra decena de personas, entre ellas sus supuestos testaferros Alberto Portuondo y Miguel √Āngel Montero, su secretaria personal, Teresa Arellano y el que fuera consejero ejecutivo de Bankia Jos√© Manuel Fern√°ndez Norniella.

No así el exdirector de Comunicación Externa de la entidad, Miguel Robledo, y una de sus empleadas, Beatriz Colomer, respecto a los cuales el instructor dictó el sobreseimiento provisional.

Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial entiende que al quedar sin efecto el auto tambi√©n lo hace el archivo, y que adem√°s «no est√° descartada la responsabilidad penal de ambos».

A√ļn as√≠, «deber√° ser el juzgado, en el momento oportuno, quien resuelva este asunto atendiendo a los indicios que concurran sobre ellos en el delito de corrupci√≥n en los negocios».

De esta forma atiende parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que también solicitó, aunque sin éxito, que una vez unificadas las tres partes en las que se dividía la causa, se diera por concluida la investigación.

Por los contratos publicitarios, la fiscal Elena Lorente solicitaba cuatro a√Īos de prisi√≥n y multa de 2,5 millones de euros para Rato y Portuondo, y tres a√Īos de c√°rcel para el resto de involucrados, incluidos los exdirectivos de las agencias.

Seg√ļn el relato del Ministerio P√ļblico, el 1 de febrero de 2011, Publicis firm√≥ el contrato de publicidad con Bankia, en tanto que justo un mes m√°s tarde Zenith hizo lo propio con la matriz, BFA, a pesar de que hab√≠a opciones «m√°s favorables econ√≥micamente» y «de espaldas» al Consejo de Administraci√≥n.

En opini√≥n de la Fiscal√≠a, tras esta operativa subyac√≠a la motivaci√≥n «eminentemente econ√≥mica» de Rato, que para «dar apariencia de legalidad a los pagos de comisiones que recalaban finalmente en Kradonara, suscribi√≥ un «supuesto contrato de asesor√≠a» con la sociedad de Portuondo, Albisa.

A partir de hoy, estos hechos se investigarán junto al delito de blanqueo, el mismo que la Audiencia Provincial ordenó reabrir en 2017 al concluir que los hechos denunciados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran indicios de que el expresidente de Bankia empleó mercantiles en el extranjero sin actividad social, utilizando como testaferros sociedades fiduciarias.

Una operativa «cuyo fin √ļltimo se adivina sin esfuerzo, defraudar a la Hacienda P√ļblica mediante el env√≠o a estas compa√Ī√≠as de cantidades de dinero que permanec√≠an de este modo oculto al fisco».

Asimismo, se incluir√°n los presuntos delitos fiscales correspondientes a varios ejercicios, que seg√ļn la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, comprender√≠an desde 2012 a 2015, todo con el objetivo de facilitar la pr√°ctica de la prueba.

Y es que, concluye la secci√≥n 23 de la Audiencia Provincial, el enjuiciamiento por separado del blanqueo y, por otro, del resto de delitos podr√≠a suponer «mayores dificultades para probar» cualquier posible irregularidad.

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