Italia estudia un impuesto al azúcar que rechazan empresas y consumidores

Roma, 27 sep (EFE).- El Gobierno italiano ha propuesto subir el impuesto a la bollería industrial, las bebidas azucaradas y a los billetes de avión, una iniciativa con la que prevé recaudar 1.500 millones de euros al año y que ha puesto en pie de guerra al sector alimentario y a las asociaciones de consumidores.

La idea ha sido del ministro de Educación, Lorenzo Fioramonti, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), bajo el argumento de que gravar la bollería y las bebidas azucaradas protegerá la salud de los niños, mientras que el impuesto a los vuelos responde a su factor contaminante.

Fioramonti no ha dado muchos detalles, pero ha justificado que el Estado recaudaría 1.500 millones para 2020 y podría destinarlos a investigación y educación, una idea que ha sido criticada por organizaciones empresariales y consumidores, que solicitan una mesa de diálogo con el Ejecutivo para abordar la cuestión.

La asociación de consumidores Codacons ha señalado en una nota que el gravamen sobre la bollería industrial y los refrescos carbonatados provocará a las familias «un gasto de 58 euros más por año» y su «efecto disuasorio en el consumo sería mínimo, de un 10 %», tal y como demuestra «la experiencia de otros países que han aplicado medidas similares», mientras que «no tendría un efecto real en la salud».

El presidente de Codacons, Carlo Rienzi, ha calificado la medida de «hipócrita» porque «solo sirve para ganar dinero a costa de los consumidores» y perjudicará al sector alimentario, «especialmente a las pequeñas y medianas empresas».

En cuanto a los billetes de avión, Codacons ha rechazado que los viajeros deban pagar más, cuando en Italia «ya se aplican una serie de gravámenes aeroportuarios, de seguridad, municipales y comisiones, que en muchos casos elevan el precio del billete en un 40 %».

La medida no es nueva, el M5S ya avanzó su intención de aplicar un impuesto a las bebidas carbonatadas en otoño del pasado año, cuando gobernaba con la Liga, aunque finalmente no se llevó a cabo.

La asociación que agrupa a las sociedades de refrescos en el país, Assobibe, calcula que «produciría una contracción del 30 % en las ventas» y golpearía severamente a un sector que «en los últimos 10 años ha sufrido una disminución del consumo del 25 %».

«Un impuesto de este estilo causaría un retroceso del 10 % del valor de nuestras actividades y pondría en riesgo 10.000 empleos», explica a EFE el presidente de Assobibe, David Dabiankov.

Lamenta que «en Italia, la presión fiscal ya es muy alta» y el sector de las bebidas refrescantes «tiene un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 22 %, por lo que una penalización adicional sería demoledora».

Dabiankov recuerda que la propuesta del M5S en otoño de 2018 habría aumentado «40 céntimos el litro», lo que supondría «prácticamente una subida del 50 % del precio».

La federación que representa a la industria alimentaria en Italia, Federalimentare, también ve un impuesto al azúcar como una decisión «equivocada, que tendría efectos nulos para la salud pública y castigaría a la economía doméstica».

Esta federación se apoya en ejemplos como Francia, que «introdujo un impuesto para bebidas azucaradas en 2012, que provocó una caída del 2,2 % en las ventas al inicio antes de regresar a los mismos niveles o Dinamarca, que en 2014 eliminó la tasa sobre los refrescos, tras reconocer su naturaleza regresiva».

La asociación que agrupa a empresas del sector alimentario italiano Unione Italiana Food subraya que la producción de la bollería en Italia generó 1.000 millones de euros en 2018 y evidencia que el sector ha hecho esfuerzos para reducir en los últimos diez años en un 30 % la presencia de azúcares.

Por su parte, la vicedirectora general del Instituto italiano Bruno Leoni, uno de los laboratorios de ideas más reputados del país, Serena Sileoni, sostiene en declaraciones a EFE que los consumidores no dejarán de comprar estos productos, aunque sean más caros, mientras que las empresas sí se verán obligadas a utilizar ingredientes de menor calidad para reducir sus costos.

«Detrás de estas ideas está la necesidad recaudatoria del Gobierno», también en los impuestos a los billetes de avión, sobre los que Sileoni se pregunta si buscan ayudar a la aerolínea Alitalia, en administración concursal desde mayo de 2017.

«Alitalia siempre ha sido una empresa que ha tenido que ser ayudada por los consumidores, incluso cuando ha sido privatizada», apunta.

Laura Serrano-Conde

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