Madrid, 29 oct (EFE).- El déficit público -excluidas las corporaciones locales- aumentó casi un 9 % en los ocho primeros meses del año ante la mala evolución del desfase de las comunidades autónomas, que se ha visto afectado por varios factores extraordinarios.
Entre los elementos que lastran las cuentas de las comunidades autónomas figuran el retraso en la actualización de las entregas a cuenta, el impacto de la liquidación del ejercicio 2017 -que les ha reportado 2.752 millones menos que en 2016 tras la modificación del sistema de gestión del IVA que restó un mes de recaudación- y la integración del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos en el estatal.
De acuerdo a los datos publicados este martes por Hacienda, el déficit público entre enero y agosto fue de 25.927 millones de euros, un 8,8 % superior al del mismo periodo de 2018 y equivalente al 2,08 % del producto interior bruto (PIB).
Este ratio está por encima del objetivo de déficit público para todo el ejercicio (2 % del PIB), aunque hay que tener en cuenta que no incorpora los datos de las corporaciones locales, que el Gobierno espera que acumulen un superávit del 0,4 % del PIB a lo largo del ejercicio y que, por tanto, ayudará a compensar posibles desvíos.
Las comunidades autónomas sumaron en estos ocho meses un déficit de 2.576 millones, lejos del superávit de 1.092 millones que contabilizaban hace un año -una comparación no homogénea, según Hacienda, debido a elementos extraordinarios-, lo que sitúa su desvío en el 0,21 % del PIB, dentro de su objetivo del 0,3 % del PIB para 2019.
Al cierre de agosto, dos regiones -Extremadura y Castilla-La Mancha- se situaban lejos de su meta al superar un déficit del 1 % de su PIB, mientras que cinco comunidades autónomas -Baleares, Canarias, Navarra, La Rioja y el País Vasco- se anotaban superávit.
El déficit de la Seguridad Social creció entre enero y agosto un 18,6 %, hasta alcanzar los 6.221 millones y un 0,5 % del PIB, una cifra que está todavía lejos de su objetivo anual del 1,2 % del PIB.
Por el contrario, la Administración central redujo su déficit en un 13 %, hasta situarlo en 17.130 millones, lo que equivale al 1,37 % del PIB, por encima del objetivo del 0,5 % del PIB para todo el ejercicio.
Hacienda también ha publicado el resultado de la ejecución presupuestaria del Estado de los nueve primeros meses del año, cuando redujo su déficit en un 38,4 %, hasta dejarlo en 7.808 millones, una cantidad equivalente al 0,63 % del PIB, mucho más cercana al objetivo.
Los ingresos del Estado crecieron un 4,2 %, hasta 151.485 millones, impulsados por la buena evolución de la recaudación, especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyos ingresos aumentaron un 10,8 % gracias a las mayores retenciones y el buen comportamiento de la campaña de la renta.
También se incrementó, en un 3,2 %, la recaudación del IVA, mientras que los ingresos del impuesto de sociedades fueron un 0,7 % inferiores a los de 2018 por el efecto extraordinario de la devolución de actas a una sociedad.
Los gastos sumaron 159.293 millones, un 0,8 % más, por los mayores costes de prestaciones sociales (subieron un 10,8 %), las ayudas a la inversión (13,1 %), las aportaciones a la Unión Europea por IVA y RNB (13 %) o los consumos intermedios (8,1 %).
La subida del salario de los funcionarios y la equiparación salarial de la policía y la guardia civil con los cuerpos autonómicos elevó un 6 % el gasto en remuneración de los asalariados.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha destacado durante su intervención en el XXI Congreso de la Empresa Familiar que en términos primarios -es decir, sin tener en cuenta los intereses de la deuda- el Estado logró un superávit hasta septiembre de 10.774 millones de euros, un 60,6 % superior al de 2018, lo que va a permitir “seguir reduciendo el nivel de deuda pública”.
