Afrontar la desaceleración con deuda y paro, principales retos de Economía

Madrid, 13 ene (EFE).- La vicepresidenta para asuntos económicos, Nadia Calviño, asume el cargo con la economía española en proceso de desaceleración, con un crecimiento del 1,9 % interanual, un punto menos que cuando fue nombrada ministra en junio de 2018 y el ritmo más bajo en cinco años.

Aunque no se prevé una recesión en el medio plazo, un empeoramiento inesperado de la coyuntura dejaría a España en una situación de vulnerabilidad y con poco margen de maniobra fiscal para impulsar la economía y el empleo, teniendo en cuenta que la deuda pública apenas baja del 98 % del PIB y la tasa de paro se mantiene en el entorno del 14 %.

Estos son dos de los mayores desequilibrios económicos que deberán afrontarse, junto con la escasa productividad y un progresivo envejecimiento de la población que presionará el gasto sanitario y en pensiones, sin que de momento se haya logrado un consenso en torno a una futura reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad del sistema.

Estos retos hay que afrontarlos sin desviarse de las reglas fiscales europeas, porque aunque España ha salido del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclama un ajuste estructural del déficit público del 0,65 % del PIB, al que el Gobierno planea contribuir con una subida de impuestos a las rentas más altas y grandes empresas que permita mejorar la recaudación.

La vicepresidenta cuenta ya con un plan para la Legislatura, la denominada «Agenda del Cambio», presentada por Economía hace casi un año y en la que se esbozan de manera general reformas y objetivos para sentar las bases de un crecimiento sostenible a nivel económico, social y medioambiental.

Se trata de 60 medidas para lograr un 70 % del sistema eléctrico renovable, un 2,5 % de inversión en I+D+i en los Presupuestos, impulsar la transformación digital, reducir la brecha de género, erradicar la pobreza extrema en la infancia, detener la pérdida de población en zonas rurales o aumentar al 8 % el parque de vivienda social o asequible, entre otros objetivos.

Entre las medidas planteadas, algunas que en su día no gustaron a los ahora socios de Unidas Podemos, como la posibilidad de implantar un fondo de capitalización individual al modo de «mochila austríaca» al que recurrir en caso de despido improcedente, movilidad geográfica, para formación o para la jubilación.

En el ámbito financiero sigue en el aire el futuro de Bankia, aunque el compromiso del Estado pasa por la privatización de la entidad, un proceso que se ha ido a alargando por la mala situación de los mercados y que podría verse influido por la entrada en el Gobierno de Unidas Podemos, que aboga por mantener la titularidad pública del banco.

La clave está en qué momento llevar a cabo la operación y de qué forma, pues el anterior Gobierno se había fijado entre sus objetivos que el Estado, que controla aún más del 60 % de Bankia, saliera del capital de la entidad antes de que concluyera 2019.

Calviño mantiene las competencias en materia de avance y transformación digital, entre las que se incluye la digitalización de la Administración y el desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial, así como la gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones.

En este ámbito el reto más importante pasa por la subasta de la banda de 700 megahercios, clave para el despliegue de la tecnología 5G y que las operadoras reclaman que se efectúe con criterios justos y no recaudatorios.

Esa banda la ocupa ahora la Televisión Digital Terrestre (TDT), que tendrá que desplazarse antes del 30 de junio, tal como establece la UE, un proceso que ya ha comenzado en una buena parte de España.

Otros retos tecnológicos pasan por definir el impuesto a las grandes firmas del sector (tasa Google), garantizar la seguridad de la red 5G (cuestionada a raíz de las alertas de la Administración Trump contra Huawei) y establecer las bases para afrontar la robotización del empleo y para sacar el máximo provecho de la revolución digital que se avecina.

También está pendiente la reforma de los organismos de regulación y supervisión para mejorar la gobernanza económica y reforzar la independencia y profesionalidad de los altos cargos que los integran, después de que en marzo pasado se diera el primer paso con la creación de la Autoridad Macroprudencial.

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