El “gran dinero” y las guerras, catalizadores de la corrupción, según TI

Berlín, 23 ene (EFE).- La influencia sin cortapisas del poder económico sobre el político y las guerras son los grandes catalizadores de la corrupción, revela este jueves la ONG Transparencia Internacional (TI) en su tradicional clasificación anual, en la que suspende el 67 % de los 180 países analizados.

Como en años anteriores, Dinamarca y Nueva Zelanda son los países percibidos por sus ciudadanos como los más limpios, con 87 puntos sobre 100 posibles, mientras que en el otro extremo se sitúan Somalia (9), Sudan del Sur (12) y Siria (13), según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI). Además, hay un “pasmoso número” de países que registran una mejora mínima o nula.

España gana cuatro puntos con respecto al informe anterior, hasta los 62, y asciende a la trigésima posición desde la 41. La mejora sin embargo no le sirve para alcanzar la media europea, situada en los 66 enteros.

HARTAZGO GLOBAL Y PROTESTAS

La ONG, además de ordenar a los países por su grado de transparencia, destaca en esta ocasión el creciente hartazgo de la población con la corrupción, que está cristalizando en múltiples protestas por todo el mundo.

“La frustración con la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones delata la necesidad de una mayor integridad política. Los gobiernos deben afrontar urgentemente el papel corruptor del ‘gran dinero’ en el financiamiento de los partidos políticos y acabar con su influencia en nuestros sistemas políticos”, asegura la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira.

El informe resalta que “las protestas, de América Latina al Norte de África, de Europa oriental a Asia central, coparon titulares cuando los ciudadanos marcharon en Santiago (de Chile), Praga, Beirut y otras ciudades para dar voz a su frustración en las calles”.

Por eso, prosigue el texto, “es esencial mantener al ‘gran dinero’ fuera de la política para asegurar que los procesos de decisión se hagan en favor de la ciudadanía y para limitar las opciones de la corrupción”. En riesgo está, advierte la organización, la democracia en su conjunto.

TI se permite aquí una nota de optimismo al apuntar que “los movimientos anticorrupción en todo el mundo ganaron fuerza porque millones de personas se juntaron para denunciar la corrupción de sus gobiernos”.

También critica que el G7 no ejerza de líder en este ámbito: con respecto al año pasado Canadá ha perdido cuatro puntos, Reino Unido tres y Estados Unidos dos. Alemania y Japón están estancados e Italia, el peor clasificado de este grupo, gana un entero.

“La falta de progreso real contra la corrupción en la mayoría de países es decepcionante y tienen un profundo impacto negativo sobre los ciudadanos de todo el mundo”, valora Patricia Moreira, directora gerente de TI.

LOS MEJORES Y LOS PEORES

Tras Dinamarca y Nueva Zelanda aparecen en lo alto de la tabla de TI, por orden, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y Luxemburgo. En el vagón de cola, junto a Somalia, Sudán del Sur y Siria, se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela, Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.

Entre las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome del año pasado y se sitúa en el puesto 23 (69 puntos), mientras que China gana dos enteros (41) y avanza siete posiciones, hasta el puesto 80. Rusia, sin apenas cambios, queda en la plaza 137 (28 puntos).

En América Latina, Uruguay (puesto 21, 71 puntos) y Chile (puesto 26, 67 puntos) repiten como los países de la región percibidos como menos corruptos, mientras que en el extremo opuesto, experimentando además grandes caídas, se encuentran Venezuela (puesto 173, 16 puntos) y Nicaragua (puesto 161, 22 puntos).

Entre medias, se sitúan Costa Rica (56 puntos), Cuba (48), Argentina (45), Ecuador (38), Colombia (37), Panamá y Perú (36), Brasil (35), El Salvador (34), Bolivia (31), México (29), República Dominicana y Paraguay (28), Guatemala y Honduras (26).

Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las “puertas giratorias” y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones.

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