Arranca el día 29 el juicio por las extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias

Madrid, 26 ene (EFE).- La Audiencia Nacional comenzará a juzgar desde el miércoles 29 a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) Luis Pineda y de Manos Limpias Miguel Bernad, que se enfrentan a peticiones del fiscal de 118 y casi 25 años de cárcel, respectivamente, por integrar una trama extorsiones.

También se sentarán en el banquillo otros nueve acusados, entre ellos Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias que dirigió la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos, para quien la Fiscalía solicita cerca de doce años de cárcel.

El juicio, que inicialmente iba a comenzar el pasado 21 de octubre pero que tuvo que aplazarse por un problema de salud del abogado de Pineda, Miguel Durán, está previsto que se prolongue hasta el 21 de abril.

Los procesados están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

En la vista se juzgará la supuesta connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias para extorsionar a cambio de retirar acusaciones y presionar a bancos.

Se acusa a sus líderes, entre otras cosas, de tratar de negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo de entre dos y tres millones de euros.

Según la Fiscalía otra forma de extorsión la ejercía Pineda con entidades bancarias a las que presionaba en busca de financiación a cambio de publicidad favorable y de no acceder a las presiones les chantajeaba con publicar informaciones peyorativas.

El fiscal relata que Pineda “planeó un sistema para exigir la entrega de cantidades dinerarias importantes bajo las advertencias, explícitas en ocasiones y veladas en otras, de arremeter contra dicho activo reputacional por medio de la publicación de noticias desfavorables, presionando también en ocasiones con ejercitar acciones judiciales contra dichas entidades”.

Agrega que para reforzar la presión contra las entidades y lograr acuerdos económicos a partir de finales de 2012 empleó a Manos Limpias, a la que además financiaba para ejercer la acusación popular contra determinadas personas contando con el apoyo de Bernad.

En sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide condenas de 118 y cinco meses de prisión para Pineda, 21 años y once meses para su esposa, casi 25 años para Bernad y cerca de 12 para López Negrete.

Pineda solicitó a la Audiencia la nulidad de las actuaciones y el archivo de la causa al alegar que ésta tuvo como origen un supuesto encargo del BBVA al excomisario José Villarejo, investigado en otra causa de este mismo tribunal, para que provocara su detención.

Se trata de una petición sobre la que la Fiscalía y el resto de partes personadas deberán informar a favor o en contra el primer día del juicio, cuando se diriman las cuestiones previas.

Esta solicitud va en la línea de la denuncia que Pineda presentó en mayo del año pasado contra el excomisario Villarejo y contra el expresidente del BBVA Francisco González, en la que les acusaba de haber hecho un complot contra él porque estaba ganando causas judiciales.

Según su versión, el BBVA pagó seis millones de euros a José Villarejo para que provocara su arresto.

Al igual que otras entidades, en julio del año pasado el BBVA decidió retirar su acusación en el caso al alegar que su presencia “no aporta nada en este estadio final del juicio” y que en todo caso “puede ser una distracción innecesaria que dificulte el proceso”.

Además de las referidas penas de cárcel el fiscal pide que Pineda sea condenado a pagar 300.000 euros por un delito contra la Hacienda pública y una multa de diez millones por el blanqueo de capitales, cantidad que reclama a otros cuatro acusados, entre ellos su mujer.

Entre los acusados se encuentran empleados de Ausbanc en la época de los hechos investigados como la directora de los servicios jurídicos, la encargada del departamento de publicidad, el director de Comunicación y la responsable de eventos, además de un tesorero y el director adjunto, que se enfrentan a peticiones de pena de la Fiscalía de entre 16 y 66 años de prisión.

Entre las entidades supuestamente afectadas en la causa figuran Crédit Services, Caja Madrid-Bankia, Sabadell, Volkswagen, Caixabank o Banco Santander. BBVA, Caixa Geral y Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión, también supuestos perjudicados de la trama, se han retirado de la causa.

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