El acuerdo del SMI abre paso a la negociación de la reforma laboral

Madrid, 30 ene (EFE).- Gobierno y agentes sociales han firmado este jueves el acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020, un pacto tras el que se abre una nueva negociación sobre la derogación de la reforma laboral que se vislumbra más complicada que la que ha permitido elevar el SMI a 950 euros brutos mensuales.

El pacto ha sido suscrito en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, acompañados por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, la vicepresidenta tercera Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El texto del acuerdo, que se aprobará como real decreto en el Consejo de Ministros del martes, constata que la existencia de una retribución salarial mínima adecuada contribuye a superar situaciones de pobreza, reducir desigualdades y propiciar tanto la estabilidad como la cohesión social.

“Obedecemos a un mandato superior que es defender a las clases populares, a los que peor están y más sufren, y hacerlo en el marco del diálogo social”, ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha agradecido la voluntad de diálogo de patronal y sindicatos.

No obstante, la motivación de los agentes sociales es diferente, ya que mientras los sindicatos han vuelto a señalar la importancia de recuperar los salarios más bajos, la estrategia de los empresarios pasa por minimizar daños.

Las patronales piensan que la subida del SMI habría sido mayor sin acuerdo, razón por la que ven más productivo estar en la mesa de negociación, aunque sin renunciar a exponer su opinión sobre el perjuicio que este incremento genera en el sector agrícola o a empresas con concesiones públicas que no ven actualizados esos contratos aunque suba el salario mínimo.

La misma estrategia seguirán en la mesa para la derogación de la reforma laboral que se abre mañana en el Ministerio de Trabajo, en la que el Gobierno quiere abordar con urgencia los aspectos relativos a la negociación colectiva (prioridad del convenio sectorial y recuperación de la ultraactividad) y a la subcontratación.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no ha querido adelantar la postura de la patronal en esta negociación, aunque ha dicho que defenderá los aspectos de la reforma que hizo el PP en 2012 que han propiciado la recuperación del empleo.

“Siempre estamos dispuestos a negociar”, ha dicho el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que también ha incidido en la responsabilidad y lealtad institucional de unas patronales que no van a hacer oposición política pero que tampoco van a renunciar a explicar sus planteamientos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que en la parte sindical no son ingenuos y que esta negociación quizá no sea ni tan rápida ni tan fructífera como la del salario mínimo, aunque ha asegurado que “el no acuerdo tampoco tiene que ser un desacuerdo absoluto”.

El líder de la CEOE ha asegurado que la derogación de la reforma laboral “sin el acuerdo de la patronal” condicionará la negociación colectiva entre sindicatos y patronal.

Este año caduca el último acuerdo de negociación colectiva suscrito por patronal y sindicatos, que deberían empezar a negociar uno nuevo para el próximo trienio, si bien Garamendi ha querido “ser claro”, y ha advertido de que una reforma laboral “excesiva” o una futura subida del SMI “sin acuerdo” dejaría sin espacio a la negociación colectiva.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recordado que la negociación colectiva es “mucho más” que salarios, ya que se trata “de la expresión de la autonomía de los agentes sociales” que no se puede “dejar aparcada” y que tendrá una enorme trascendencia a la hora de abordar retos como el de la digitalización.

Fuera del diálogo social queda la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por baja médica en determinados casos y que el Gobierno aprobará por decreto ley en próximos Consejos de Ministros.

“No se puede dialogar cuando hay vulneración de los derechos fundamentales”, ha dicho Díaz para justificar la ausencia de negociación en un tema en el que confía contar con el apoyo político suficiente que permita su convalidación en el Congreso.

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