La aprobación de la senda de déficit despeja el camino al futuro Presupuesto

Madrid, 4 mar (EFE).- El aval de las Cortes a la senda de estabilidad para el periodo 2020-2023 y los techos de gasto de 2020 y 2021 despeja el camino a los futuros Presupuestos Generales del Estado, que quedan ahora pendientes de la negociación política.

El Senado ha aprobado este miércoles la senda de estabilidad con 133 votos a favor, 109 en contra y 14 abstenciones, tras recabar los mismos apoyos logrados la pasada semana en el Congreso de los Diputados.

Es decir, han votado a favor PSOE, PNV, el grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Teruel Existe, PRC, CC-Partido Nacionalista Canario, PAR y Agrupación socialista Gomera; en contra, PP, Ciudadanos, JxCAT, Vox y UPN, y se han abstenido ERC y EH Bildu.

Una vez superados estos trámites previos, el Gobierno encara ahora la elaboración del proyecto presupuestario para 2020, que de acuerdo a su “hoja de ruta” estará aprobado, una vez finalizada la tramitación parlamentaria, antes del final del verano.

Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que solo aprobará las cuentas una vez que se asegure que saldrán adelante en las Cortes, por lo que no descarta que si finalmente la convocatoria de elecciones en Cataluña enturbia la negociación se renuncie al Presupuesto de 2020 y se presente directamente el de 2021.

Esto es posible porque, en contra de lo habitual, el Gobierno ha incluido el límite de gasto no financiero de 2021 con la senda de estabilidad aprobada este miércoles, por lo que ya tiene superado un trámite que normalmente se afronta en verano para después llevar las cuentas del ejercicio siguiente al Congreso en septiembre.

En el debate en el Senado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido una senda de estabilidad que suaviza las exigencias de corrección del déficit de la anterior, aprobada hace tres años e “irreal” ya desde su inicio.

De esta manera, se da mayor margen de gasto a las administraciones públicas -lo ha cifrado en 3.500 millones para las comunidades autónomas y 7.500 millones para la Seguridad Social-, con el objetivo de que cuenten con más recursos con los que dotar los servicios públicos.

Los objetivos de déficit se sitúan así en el 1,8 % del PIB en 2020, el 1,5 % en 2021, el 1,2 % en 2022 y el 0,9 % en 2023, mientras que se relaja la senda de reducción de la deuda pública hasta fijar la meta para 2023 en el 89,8 % del PIB.

Asimismo, se aumenta progresivamente la regla de gasto -que impide aumentar el gasto público por encima de un determinado porcentaje- hasta el 3,3 %, una medida que se complementará con un cambio en su sistema de cálculo y mayor margen para que las administraciones cumplidoras recurran a las administraciones financieramente sostenibles, que no computan.

Junto con la senda, el Senado ha debatido los límites de gasto no financiero -que no se votan-, que en 2020 será de 127.609 millones de euros, un 3,8 % más que lo recogido en el fallido proyecto presupuestario de 2019, y en 2021 de 131.437 millones, un 3 % más.

El techo de gasto para 2021 podría modificarse si así lo requiere la situación económica, ha apuntado Montero, aunque en este caso no sería necesaria una nueva tramitación ya que no precisa el aval de las Cortes.

Con la aprobación de este miércoles, ha subrayado, se avanza hacia unas futuras cuentas públicas “que reflejen las prioridades” del Gobierno, que pasan por recuperar los derechos perdidos durante la crisis y mejorar la prestación de servicios públicos.

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