Las autonomías tiran de tasaciones para pedir más dinero al comprador de vivienda

Madrid, 8 mar (EFE).- Algunas comunidades autónomas siguen reclamando al comprador de vivienda que pague el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en base a la tasación hipotecaria del inmueble y no al precio real de la compra si ha sido más bajo, a pesar de las dudas judiciales al respecto.

Por eso hay quienes reciben una carta meses después de adquirir un inmueble y haber pagado el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales en la que la Agencia Tributaria de la comunidad en la que se ubica la propiedad adquirida les reclama una liquidación extra al constatar que la tasación hipotecaria era por un importe más alto.

Los afectados denuncian a Efe la discriminación que sufren e insisten en que dicho método no es apropiado pues “no refleja el valor real del inmueble”.

DISTINTAS INTERPRETACIONES

Según la Ley General Tributaria, el tipo de gravamen que se aplica en una compraventa de vivienda toma como base, por lo general, el precio de la operación; no obstante, la normativa plantea como excepción los casos en los que éste se encuentre por debajo del importe del valor real.

Ante la falta de consenso en la interpretación de la ley, en diciembre de 2011, el Tribunal Supremo estableció como doctrina que la tasación hipotecaria no requería “ninguna carga adicional”, lo que eximía a la Administración de “justificar previamente que el valor asignado coincide con el ajustado a la base imponible del impuesto”.

Años más tarde, en junio de 2018, varios recursos de la Junta de Castilla-La Mancha, que pretendía elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de las viviendas que adquirieron en 2012, reabrían el debate.

Los demandantes habían declarado el precio que figuraba en la escritura, entre los 65.000 y 82.000 euros; sin embargo, la Consejería de Hacienda lo incrementó a entre 120.000 y 130.000 euros, al multiplicar el valor catastral por el coeficiente del municipio, subiéndoles el importe del gravamen.

El Supremo acordó entonces que dicho método no era idóneo “por su generalidad” y obligó a la Administración a complementarlo “con una actividad estrictamente comprobadora” sobre cada inmueble analizado.

A pesar de las similitudes, las sentencias no eran directamente contradictorias, ya que cada una hacía alusión a una metodología diferente de las contempladas por la Ley Tributaria, que también prevé la comprobación del valor a través del precio medio de mercado o de un dictamen pericial.

No obstante, algunos juzgados vieron en ese último respaldo al contribuyente un cambio de doctrina.

EL CASO DE VALENCIA

Tal es el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que el pasado junio extendía la necesidad de que la Administración motivara sus discrepancias en el cálculo del impuesto también antes de iniciar una tasación hipotecaria, pues los argumentos del Supremo “resultan de aplicación a cualquier medio de comprobación de valores”.

La sala entendía que el criterio del 2011 “está superado”, y aseveraba que el valor real del inmueble “difícilmente puede identificarse” con el de la tasación que realizan las Haciendas “pues ésta viene referida a la posibilidad futura de comerciar con el inmueble”.

“En todos los métodos se pedía una comprobación, pero en tasación hipotecaria, no. Era la ‘niña bonita'”, afirma a Efe el socio de Ático Jurídico José María Salcedo, que dirigió el recurso.

Tras la sentencia, el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana afirmó públicamente que el Gobierno autonómico asumiría el dictamen, bien allanándose en los procedimientos iniciados por los contribuyentes o desistiendo en los abiertos por su Agencia Tributaria.

“Y lo cumplen. Empiezan a conformar en todos los recursos y el Tribunal Económico-Administrativo, a dar la razón a los compradores”, recuerda Salcedo, que apunta que, aunque en un primer momento el conseller anunció que acudirían al Supremo, la casación finalmente no se presentó.

Con todo, no implica que la Generalitat haya dejado de emplear el método, y es que “ahora han fijado que las tasaciones hipotecarias se comparen con el mercado porque dicen que con eso queda justificado el requisito del TSJCV”.

Pero “la tasación hipotecaria basada en precios de mercado no está prevista en la ley”, advierte el abogado, que incide en que “hay sentencias del Supremo que decían que si se hacía, había que justificar bien de dónde salían las muestras”.

Esta “fórmula mixta”, que desde finales del pasado año se aplica en la Comunidad Valenciana, dista de la situación en otras comunidades autónomas.

UN EJEMPLO EN LA ACTUALIDAD

Una pareja de Cantabria adquirió en mayo de 2019 un piso destinado a vivienda habitual por 52.000 euros y pagaron el correspondiente gravamen del 8 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en el plazo establecido, es decir 4.160 euros.

Ahora, la Agencia Tributaria autonómica les comunica que para calcular esta tasa tiene en cuenta la tasación hipotecaria, que ascendía a 75.558,88 euros, por lo que considera que los compradores debían de pagar 6.044,71 euros, 1.884,7 euros más de lo abonado.

“Estamos esperando a que otros tribunales rechacen la doctrina de Valencia”, sentencia Salcedo, que ve en ese contratiempo la mejor oportunidad para que el Supremo zanje, de una vez por todas, esta polémica.

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