El acta que declaró inviable a Popular está sesgada, según consejero mexicano

Madrid, 15 mar (EFE).- El ex consejero dominical del Banco Popular Jaime Ruiz Sacristán ha denunciado que el acta del último consejo de administración, presidido por Emilio Saracho el 6 de junio de 2017 y donde se declaró inviable la entidad antes de ser resuelta, es “inexacta” pues “no recogía todo lo hablado”.

En un escrito presentado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga a los dos últimos equipos gestores del banco, Ruiz Sacristán asegura que este “acta parcial” no le fue facilitado ni a él ni al resto de consejeros hasta semanas después, cuando el Popular ya había sido adquirido por el Banco Santander.

Una circunstancia que también sorprendió a otros integrantes del consejo, como al exvicepresidente del banco José María Arias o a la expresidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Reyes Calderón, supuesta artífice del cambio de Ángel Ron por Emilio Saracho en la Presidencia.

El exconsejero, contra quien también se dirige la causa, llegó al banco a finales de 2016, después de que su primo, el magnate Antonio del Valle, le legara la representación del grupo BX+ entre los rumores de una mala relación con Ron, por la ampliación de 2.500 millones acometida esa primavera y el supuesto tanteo del mexicano a otros bancos para una fusión.

Ahora Ruiz Sacristán, en el documento al que ha tenido acceso Efe, explica que en aquella reunión del 6 de junio de 2017, “no se leyó, ni se remitió borrador alguno de esa acta”, y aporta una cadena de correos enviados al que fuera secretario general y del consejo del Popular Joaquín Hervada.

En el primero de ellos, con fecha de 30 de junio y remitido en copia a Saracho, el mexicano advierte a Hervada de que el acta “está incompleta” y no recoge sus “múltiples intervenciones” durante el consejo, motivos por los que le requería que subsanara “inmediatamente” el archivo para que éste recogiera “correcta y verazmente los asuntos debatidos”.

En su respuesta, el exsecretario esgrime que sólo se habían incluido “los acuerdos que se adoptaron a efectos de su comunicación al Banco Central Europeo (BCE)”, y argumenta que no se les aportó un acta definitiva con todos los detalles ya que su aprobación correspondería al “nuevo consejo designado por el Santander”.

Por ello, y debido a que “ninguno de ellos estuvo en la reunión del día 6, dudo mucho que esté en disposición de aprobarla”, concluía Hervada.

Sobre estos extremos ya se pronunció Ruiz Sacristán en su declaración del pasado febrero, según revela el texto en poder del juez Calama, al que hizo llegar el desconcierto que aquel documento provocó entre otros consejeros que, como él, se pusieron en contacto con el secretario.

“Cuando recibí este comunicado y el acta y la leo digo: ‘Pues esto no fue lo que sucedió’. Toda una situación ahí muy rara de las reservas y las provisiones, y cosas que nunca platicamos”, respondió el exconsejero, que indicó que, en aquella reunión, todos estaban “concentrados exclusivamente en la parte de liquidez”.

Sin embargo, “se concentra en hablar de toda una historia que se inicia de tantos millones de euros de provisiones, etc…que no se trató”.

En sí, el acta acuerda declarar la inviabilidad del banco, que “sometido en los últimos tiempos a fuentes tensiones financieras” por “las menores ratios de capital del grupo respecto a sus competidores, la elevada exposición a los activos improductivos, la menor cobertura relativa a éstos y las noticias en prensa”.

Ello se manifestó “en la posición de liquidez”, registrándose una salida de depósitos de 10.977 millones de euros entre el 1 de mayo y el 5 de junio -día este último en el que salieron casi 3.000 millones-, que ni la ventanilla de urgencia habilitada por el BCE podía solucionar.

También hacía mención a la provisión de inmuebles y a los procesos de retasación iniciados por Saracho a su llegada al banco, que, por entonces, arrojaban “una reducción de la valoración de los activos en balance en 1.600 millones de euros”.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Ruiz Sacristán incidió en que la entidad era “muy solvente” y que jamás sospechó de que estuviera ofreciendo una imagen alejada de su realidad, como demuestra que invirtiera en ella 390.000 euros.

Actualmente, los inversores mexicanos, que llegaron a poseer más de un 4 % de la entidad, reclaman a España 470 millones de euros en un arbitraje internacional por la resolución del Popular y su venta inmediata al Santander, lo que supuso la pérdida el dinero invertido. EFE

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