El Gobierno acelera su compromiso de un ingreso mínimo vital ante el COVID-19

Madrid, 26 mar (EFE).- El Gobierno va a acelerar su compromiso de crear un ingreso mínimo vital, que pensaba implantar por fases a lo largo de esta legislatura, ante la crisis económica derivada del coronavirus, una medida que podría ser aprobada la próxima semana.

Fuentes del Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos han señalado a EFE que se están ultimando los detalles de este ingreso mínimo que iría dirigido a los hogares más vulnerables, que actualmente se ven con ingresos muy bajos o incluso sin ninguna renta, debido a la parálisis provocada por la pandemia del COVID-19.

El Gobierno se ha planteado aprobar esta renta cuanto antes, previsiblemente la próxima semana, y en su diseño trabaja intensamente el Ministerio de Trabajo, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.

También el Ministerio de Hacienda y el de Asuntos Económicos analizan el coste de esta renta para las arcas del Estado.

El ingreso mínimo vital era un compromiso que el Ejecutivo pretendía incluir en los Presupuestos Generales de 2020 de forma permanente aunque su implantación sería progresiva.

De hecho el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, mencionó en su toma de posesión que esta renta sería una de las prioridades de su mandato.

El 27 de febrero durante su primera comparecencia en el Congreso como ministro, Escrivá abogó por un ingreso mínimo vital “flexible, eficaz, suficiente y evaluable” que rebaje los “considerables” niveles de desigualdad que persisten en España y ante los que las políticas públicas han sido “poco eficaces”.

En este sentido, dijo que la dotación podría ser asumible en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y explicó que se haría por fases, empezando por la prestación por hijo a cargo, y en coordinación con las ayudas existentes en las diferentes Comunidades Autónomas.

Asimismo, el programa electoral del PSOE en las elecciones de noviembre incluía esta prestación que iba enfocada a las familias con hijos a cargo en situación de pobreza y planteaba alcanzar una cuantía de unos 800 euros mensuales en 2023.

Esta medida era parecida a la que también proponía Unidas Podemos de cara a esos mismos comicios y que consistía en una renta básica para los hogares sin recursos de entre 600 y 900 euros, con implantación también progresiva.

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