Regularizar los migrantes del campo italiano, otra urgencia en la pandemia

Roma, 23 abr (EFE).- Un jornalero extranjero llega para trabajar, de sol a sol, en los campos italianos por apenas 30 euros diarios si cae en la red de la ilegalidad. Son los primeros peones de un sistema de explotación que Italia quiere “limpiar” con una regularización de inmigrantes que los sindicatos ven urgente, y más con la pandemia.

“Estas personas llevan los alimentos a nuestras mesas. Es una cuestión de justicia social permitir que emerjan a través de una regularización”, sostiene Giovanni Minnini, secretario general del sindicato FLAI-CGIL en una conversación con la prensa internacional.

Su organización lleva a cabo cotidianamente lo que él denomina “sindicalismo de calle”, visitando los terrenos agrícolas del país, donde en numerosas ocasiones observan un sistema de trabajo en el que, denuncia, la “humanidad es olvidada”.

Se refiere, por ejemplo, a los jornaleros irregulares que habitan en los “guetos” de Foggia, en la región de Apulia (sur de Italia), el “tacón de la bota”, en las tórridas y duras tierras de la isla de Sicilia o en las míseras barracas de la calabresa Rosarno.

UNA REGULARIZACIÓN EN EL HORIZONTE

El Gobierno italiano ha reconocido que planea regularizar a unos 200.000 inmigrantes irregulares para tratar de reducir la economía sumergida, controlar la evolución del coronavirus y suplir la falta de mano de obra en la agricultura a causa de la pandemia.

El problema es que muchos trabajadores de países europeos como Polonia, Rumanía o Bulgaria no han podido entrar esta temporada en Italia por el cierre de fronteras provocado por la crisis sanitaria y ahora se necesita mano de obra para no perder el producto.

La organización de agricultores Coldiretti estima que el bloqueo de fronteras ha hecho que se pierda la mano de obra de 200.000 extranjeros que antes viajaban a Italia en la temporada de recogida, lo que podría acarrear la pérdida del 35 % de la recolección.

EL “CAPORALATO”, UN SISTEMA EXPLOTADOR PERSEGUIDO PERO VIGENTE

En las tierras italianas muchas empresas optan por contratar jornaleros legalmente, pero otros, por contra, recurren al “caporalato”, a un capataz que recluta a migrantes irregulares para explotarlos en los campos aprovechándose de su indefensión.

Cargados en furgones, llegan a las plantaciones para trabajar en muchas ocasiones entre ocho y doce horas por 20 o 30 euros diarios, menos de la mitad del salario legal, explica el sindicalista.

Esto equivale a unos tres euros por cada hora de duro trabajo en el campo, en el mejor de los casos.

Esos capataces seleccionan a los trabajadores quedándose con parte del dinero que el patrón ofrece como jornal y, además, el explotado no puede denunciar su situación porque se quedaría sin trabajo y, por tanto, sin sustento.

Una situación que persiste, a pesar de que Italia introdujo en 2011 el delito de reclutamiento de trabajadores, que estipula cárcel y multas a quien recabe mano de obra para ofrecérsela a terceros en condición de explotación.

De hecho la precariedad, señala, se ha visto agravada por la supresión del “permiso de residencia por motivos humanitarios”, ordenado en 2018 por el ultraderechista Matteo Salvini cuando era ministro del Interior, aumentando el número de personas en situación irregular.

En este negocio también opera el crimen organizado: “Está claro que, si no regularizamos pronto a los trabajadores, las mafias se aprovecharán. El Estado debe actuar rápido; si no será una oportunidad para sus negocios sucios, es urgente”, avisa Minnini.

El fenómeno sin embargo no solo se circunscribe al sur de Italia, sino que también alcanza al próspero norte, aunque en menor medida, y se han registrado situaciones de explotación en la alpina Bolzano o en la región de Emilia-Romaña.

UN PROBLEMA MILLONARIO Y GLOBAL

El IV Informe sobre Agromafia, realizado por el Observatorio Placido Rizzotto en 2018, estima que los jornaleros en riesgo de contratación ilegal eran entonces unos 430.000, de los que más de 132.000 se encontraban en situación de “grave vulnerabilidad”.

Detrás de este escenario se esconden cifras multimillonarias: el negocio del trabajo ilegal en el campo vale 4.800 millones de euros, mientras que la evasión fiscal alcanza los 1.800 millones de euros, de acuerdo a la misma fuente.

En cualquier caso, el sindicalista insiste en que no se trata de un problema genuinamente italiano, sino que se propaga por otros países cómo él mismo ha podido comprobar. asegura, en Grecia o en los campos de fresas de Huelva, en el sur de España.

Por eso, aboga por que la regularización o los avances legislativos contra la explotación en Italia se repliquen en otros lugares.

“Este problema existe en todo el mundo”, zanja Minnini.

Contrarios a estos planes de regularización se han mostrado partidos de la derecha.

También el ultraderechista Salvini los ha considerado una “locura” y preferiría recurrir a estudiantes o parados italianos antes que a migrantes.

“En otras palabras, primero los italianos”, sostuvo este jueves el político, repitiendo su manido lema una vez más.

Gonzalo Sánchez

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