El Gobierno adelanta el ingreso mínimo para paliar los efectos de la pandemia

Madrid, 29 may (EFE).- El Gobierno ha aprobado este viernes el ingreso mínimo vital, que garantizará una renta de entre 461 y 1.015 euros a 850.000 hogares, una medida contra la pobreza extrema que preveía impulsar a lo largo de la legislatura y que finalmente ha adelantado para hacer frente a la grave emergencia económica derivada de la pandemia.

Con un coste anual de 3.000 millones de euros, se espera que esta prestación, que ha sido definida por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia, llegue a 2,3 millones de personas, un tercio de ellas menores de edad. Podrá solicitarse a partir del 15 de junio y todas las peticiones que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

El anuncio del Gobierno cierra una semana de alta tensión política, elevada día a día por las acusaciones cruzadas en las Cortes, la investigación judicial del 8M y los ceses de altos mandos de la Guardia Civil, en la que la crisis sanitaria, cuya evolución epidemiológica sigue siendo muy favorable, con solo 2 muertos y 187 nuevos diagnósticos en las últimas 24 horas, ha vuelto a quedar relegada en ocasiones a un segundo plano.

INGRESO MÍNIMO

El ingreso mínimo vital, una de las banderas del programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se ha sustanciado tras semanas de preparación del real decreto y de un intenso debate en el seno del Ejecutivo, precipitado por la pandemia y las consecuencias del confinamiento sobre los sectores de la población más vulnerables y en riesgo de pobreza.

El umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, en razón del número de miembros, parte de 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva, y se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, hasta un máximo de 1.015,3 euros. Los hogares monoparentales tendrán un complemento de 100 euros mensuales. Se calcula que serán el 16 % del total, 9 de cada 10 encabezados por una mujer.

La prestación, que cubrirá la diferencia entre la renta y el umbral fijado para ese tipo de hogar, la podrán solicitar todas las personas que tengan entre 23 y 65 años -o desde 18 y 65 años si hay menores a cargo- que lleven al menos un año de residencia legal en España.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que esta medida supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas en España. La ayuda, que es compatible con las rentas mínimas autonómicas, estará ligada a itinerarios para mejorar la inclusión, vinculados a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, e incorporará incentivos al empleo.

RUIDO POLÍTICO

El eco del último enfrentamiento entre el vicepresidente Iglesias y Vox, ayer en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, donde dijo que les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven, ha llegado a la rueda de prensa de presentación del ingreso mínimo, si bien el líder de Podemos ha rebajado el tono: “Ayer dije la verdad pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar”.

Ese encontronazo sirve de ejemplo de cómo la refriega política ha eclipsado la evolución de la epidemia y ha ocupado el centro del debate público en medio de un clima de polarización cada vez más acusado. En ese contexto, y con la oposición frontal del PP y Vox, el Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios la sexta y última prórroga del estado de alarma que solo pedirá, según avanzó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, si tienen atada la mayoría.

Cs mantiene su disposición a hablar y el PNV, todavía molesto por el pacto de PSOE y Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral, ha celebrado el acuerdo para que Euskadi gestione el ingreso mínimo y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que debe demostrar que ellos siguen siendo su “socio prioritario”.

La prórroga permitiría al Gobierno cubrir con la protección del estado de alarma la fase final de la desescalada, si bien ya prepara reformas legales por si no lograra sacarla adelante.

Otro de los asuntos que ha centrado la atención en las últimas jornadas, la instrucción judicial sobre la manifestación del 8M y el polémico informe de la Guardia Civil que ha llevado a la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, ha tenido un nuevo capítulo con la decisión de la juez Carmen Rodríguez Medel de rechazar investigar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Tras los ceses y dimisiones en la cúpula del instituto armado, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que nadie de su departamento ni de la dirección de la Guardia Civil pidió dicho informe al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez de los Cobos, cuya destitución fue enmarcada por el propio ministro en una “reconstrucción de nuevos equipos”.

MEJOR DETECCIÓN

El Ministerio de Sanidad, cuyo cambio de criterio estadístico ha dificultado la lectura de la evolución de la epidemia a lo largo de la semana, ha informado de 39 muertos en los últimos siete días -2 ayer- y 187 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Reporta además 286 hospitalizaciones y 12 ingresos en uci, también en los últimos siete días. Desde el inicio de la crisis recoge 238.564 positivos y 27.121 muertos confirmados por PCR.

Fernando Simón ha afirmado que las series históricas están siendo sometidas a una revisión exhaustiva y que las cifras podrán variar de nuevo, y ha avanzado que la semana que viene, posiblemente el miércoles, se hará una actualización del número de fallecidos.

Al margen de esa revisión de los datos, ha apuntado que, aunque todavía hay cadenas de transmisión del virus y brotes activos, se están controlando bien. “Ahora detectamos más y mejor”, ha dicho Simón, que ha subrayado que se están haciendo pruebas PCR al 85 % de los casos sospechosos en atención primaria y al 89 % en atención hospitalaria.

Simón ha comentado, preguntado por la posibilidad de que el virus esté perdiendo fuerza, que se está viendo una letalidad menor que hace unas semanas e incluso en personas mayores se están detectando cuadros más leves, lo que puede estar relacionado, ha explicado, con que los grupos vulnerables estén más aislados y haya más recursos hospitalarios tras la carga a la que fue sometido el sistema. El número de sanitarios infectados lo pone de manifiesto: 51.482 contagiados y 63 fallecidos.

El caso de un viajero que ha conocido que era positivo en pleno vuelo a Canarias, lo que ha obligado a activar los protocolos sanitarios, y el de dos contagios importados -ha habido 29 desde el 11 de mayo- han servido al director del CCAES, que ha vuelto a apelar a prudencia y la responsabilidad, para valorar la capacidad de detección precoz y el seguimiento de los contactos, cuestiones claves en el avance de la desescalada que comenzará la semana que viene con el 70 por ciento del país en fase 2. E

Acerca de ProfesionalesHoy 33819 Articles
Equipo editorial de ProfesionalesHoy