La UE comienza a armarse legalmente ante la irrupción de la Inteligencia Artificial

Bruselas, 1 jun (EFE).- Desde el diseño del algoritmo que organiza los contenidos a cada usuario de una red social hasta la gestión de robots autónomos en misiones bélicas, el desarrollo futuro del entorno laboral, económico y social estará marcado por la revolución de la Inteligencia Artificial (IA), que ha entrado en el debate de la Unión Europea con la creación de un marco para su desarrollo legal.

En esencia, esta reciente pata de la tecnología abarca la creación de todos aquellos algoritmos que ofrecen la respuesta automatizada de una máquina ante una tarea. Esto incluye el denominado ‘machine learning’, el aprendizaje automático de un ordenador en sus procesos internos en base a la gestión masiva de datos.

Como ya ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicado desde hace dos años y considerado como una de las joyas de la corona de la legislación comunitaria en materia de derechos digitales, la intención es que los Veintisiete configuren un marco para el desarrollo no abusivo de la IA en los próximos años.

En este sentido, la primera propuesta de reglamento corre a cargo del comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, donde se ha gestado un primer texto que se centra en los principios éticos sobre los que debería desarrollarse la IA.

Al frente de la iniciativa está el eurodiputado socialista Iban García del Blanco, quien considera “clave” aunar la “diseminada estrategia europea” que hoy en día existe en torno a esta tecnología “disruptiva”.

“Hay que romper la barrera y comenzar a regularlo, ya que nos encontramos ante un fenómeno que necesita un marco común. Si no se trata adecuadamente, esta tecnología puede incurrir en criterios discriminatorios hacia los ciudadanos”, explica García en declaraciones a Efe.

VIGILANCIA ANTE LOS “CRITERIOS DISCRIMINATORIOS”

Estos “criterios discriminatorios” a los que alude el eurodiputado pueden encontrarse en la concesión de un crédito bancario, en la relación entre ciudadanía e instituciones e incluso en las “brechas en la propiedad de los datos y en la intimidad en el espacio digital”.

En algunos países como Estados Unidos ya se han detectado “sesgos sociales” que marcan el funcionamiento de diversos algoritmos, creando tendencias racistas o sexistas en procesos de recursos humanos o en la prevención de delitos.

También estará sobre la mesa de los legisladores el mantenimiento de la “soberanía digital”, clave teniendo que cuenta que los gigantes tecnológicos proceden de países ajenos a la UE y la distribución de fondos para la investigación.

“En nuestro Reglamento proponemos crear la Agencia Europea de Inteligencia Artificial que armonice la legislación de los países y pueda resolver dudas sobre la implementación. Se producen avances a mucha velocidad, avances decisivos, y es importante evitar solapamientos”, afirma el eurodiputado.

Se espera que esta primera iniciativa legislativa pueda ser aprobada por el PE “entre septiembre y octubre”, según sus cálculos.

LA “MERCANTILIZACIÓN” DE LOS DATOS

Desde que en febrero se publicó el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial, que puso sobre la mesa el marco teórico y de debate para una futura legislación, las organizaciones pro-derechos ciudadanos en al ámbito digital han marcado posiciones para evitar “abusos”.

La más activa en este aspecto es European Digital Rights (EDRi), una federación que reúne los intereses de más de 40 asociaciones europeas desde su sede de Bruselas.

Bajo su perspectiva, es necesario crear un marco regulador para evitar abusos por parte de instituciones públicas y empresas, sobre todo en lo relativo a la “vigilancia masiva” y a la “mercantilización” de los datos personales.

“Un enfoque desregulado plantea el riesgo de facilitar la vigilancia masiva y compromete la legislación existente sobre protección de datos. También profundizaría en las desigualdades existentes mediante el uso de la IA en las fronteras o en la policía predictiva”, sintetiza a Efe la responsable de políticas de IA de la EDRi, Sarah Chander.

La propuesta de la entidad a la UE abarca dos claves: la “necesidad de un criterio claro” en torno a la articulación legal de la IA y, por otro lado, la “delimitación” de todas aquellas prácticas que resulten “inadmisibles” para los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Hay que incluir la prohibición de aquellos usos de la IA que sean incompatibles con los derechos fundamentales, los valores europeos y la legislación comunitaria vigente, incluyendo la vigilancia biométrica, la discriminación en el acceso a servicios públicos o la creación de armas autónomas”, concluye.

Óscar Pandiello

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