Alcoa sigue adelante con el ERE en Lugo y el comité anuncia más protestas

Redacción Economía, 17 jun (EFE).- La multinacional Alcoa ha informado este miércoles de que el próximo 25 de junio abrirá el proceso de despidos en su planta de San Cibrao, en La Coruña; el comité de empresa, que ha calificado de “insulto” la reunión de hoy, ha anunciado “medidas más contundentes” contra el ERE.

Tras las reunión que ambas partes han mantenido esta mañana en Lugo, Alcoa ha anunciado que desde hoy y hasta el 25 de junio “continuará las consultas con los representantes de los trabajadores durante una semana más, la cuarta”, para informarles sobre “las graves circunstancias” y “la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio, explica la empresa en un comunicado.

A pesar de las noticias de hoy, el comité de empresa “no tira la toalla” e “intensificará” las movilizaciones y las protestas, según su presidente, José Antonio Zan, quien ha calificado de “insulto” la reunión de este miércoles con directivos de la multinacional y cuestiona las condiciones del ERE presentado.

El 28 de mayo Alcoa informó de su intención de paralizar la producción de aluminio primario en esa factoría, lo que supondría el despido de 534 trabajadores, el 85 % de la plantilla de San Cibrao, y de la apertura de conversaciones con el comité durante tres semanas.

La compañía justifica la medida porque la factoría gallega “afronta una serie de problemas que han hecho que la producción de aluminio primario sea ineficiente y la operación de la planta no sea competitiva”, lo que ha dado lugar a “significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen”.

La empresa prevé una reestructuración de la planta de aluminio que continuaría operando una parte de la fundición. La producción en la refinería no se ve afectada por el proceso”, concluye.

Por su parte, Zan ha reprochado a los directivos que en lugar de plantear esta mañana “negociar” el plan de la empresa de prescindir de más de medio millar de empleados de dicha planta, los directivos de la multinacional estadounidense en España enviaron durante un receso una comunicación del inicio de un plan ERE de despidos de los trabajadores.

“Seguiremos reclamando nuestros derechos, una tarifa energética estable, el 100 % de los puestos de trabajo y de la producción. Ligado todo a un marco de inversiones y estabilidad con un plan de viabilidad de la fábrica”, precisó.

“Creemos que esto tiene solución, y muy sencilla. Pero necesitamos un marco energético que llevan dieciocho meses prometiendo. Que se dejen de marear la perdiz y se pongan a trabajar”, concluyó.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también ha insistido hoy en que el Gobierno central tiene que poner en marcha una nueva subasta de precio eléctrico con un paquete de interrumpibilidad para aplicar a partir del próximo 1 de julio y evitar así la sentencia definitiva de la planta de Alcoa en Lugo.

Feijoo hará esta reclamación por escrito en una carta “muy seria” que enviará a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, y a la ministra de Industria, Reyes Maroto, “con copia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, para recordarles que faltan quince días para el segundo semestre del año y todavía no se ha puesto en marcha un nuevo paquete de interrumpibilidad, por lo que urge su activación “de forma inmediata”.

Desde Asturias donde se ubica la segunda planta aluminera de la multinacional, el parlamento ha acordado hoy pedir al Ministerio de Industria que estudie la posibIlidad de tomar el control y la gestión directa de las factorías de la antigua Alcoa hasta que se garantice el cumplimiento de los acuerdos adquiridos entre la multinacional de aluminio y los trabajadores de las factorías de Avilés y La Coruña.

El cierre de ambas factorías se evitó en julio del pasado año tras semanas de negociaciones que culminaron con su venta al fondo de inversión Parter Capital tras un acuerdo avalado por el Ministerio de Industria que garantizaba la continuidad de su actividad y el empleo.

No obstante, Alu Ibérica (antigua Alcoa) fue adquirida el pasado mes de abril por el Grupo Riesgo al fondo Parter, una operación que se llevó a cabo de forma sorpresiva y a espaldas del Ministerio de Industria y de Alcoa que es vista con recelo tanto por los sindicatos y trabajadores como por distintas administraciones, entre ellas el Gobierno del Principado.

Riesgo, propiedad de un despacho legal madrileño, manifestó su vinculación a grupos industriales que posteriormente lo negaron, incurrió en impagos a empleados y proveedores, anunció inversiones que fueron cuestionadas y presentó el pasado 3 de junio un proyecto industrial en formato power-point que, para el Principado, acrecienta aún más las dudas sobre la existencia de un proyecto solvente.

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