El presidente paraguayo veta al proyecto de la preferencia en las compras públicas

Asunción, 24 jul (EFE).- El Ejecutivo paraguayo anunció este viernes el veto al proyecto de ley aprobado por el Congreso que doblaba el margen de preferencia de la industria local en las compras públicas, y en base a los compromisos internacionales de Paraguay como “país previsible y confiable”.

El proyecto sancionado el mes pasado por los legisladores aumentaba el margen de preferencia establecido en las contrataciones públicas a favor de los servicios y productos de origen nacional, pasando el porcentaje del 20% al 40%.

Al respecto, y para explicar el veto, el canciller Antonio Rivas dijo en una rueda de prensa que el Gobierno había recogido la preocupación expresada por varios países ante ese proyecto, entre ellos los del Mercosur.

Rivas señaló que el proyecto afecta a principios esenciales del Mercosur como el del trato no discriminatorio.

De hecho, el documento de veto del Ejecutivo menciona ese principio del protocolo de compras públicas del Mercosur, bloque del que Paraguay forma parte junto a Uruguay, Brasil y Argentina.

El Ejecutivo explicó además que “el Estado paraguayo debe adoptar las medidas normativas necesarias para lograr el fortalecimiento de la industria nacional”, pero sin afectar sus compromisos en “materia de relacionamiento externo y de negociaciones internacionales”.

Y reitera que cualquier modificación a los regímenes reglados, con incidencia en ese relacionamiento o en procesos de negociaciones presentes o futuros, deben considerar “el contexto internacional, sus posibles implicancias y los compromisos construidos”.

Ello de cara a “preservar la imagen del Paraguay como país previsible y confiable, abierto al mundo, a los negocios y a la inversión extranjera”.

En la misma rueda de prensa, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, dijo que el Gobierno seguirá trabajando a favor de la industria nacional y desde las óptimas condiciones del país para competir en los mercados del exterior.

El proyecto aprobado por el Congreso contaba con la oposición de los gremios de importadores.

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