Madrid, 7 sep (EFE).- El estado de alarma impuesto para hacer frente a la pandemia de coronavirus, vigente del 15 de marzo al 21 de junio, provocó que en el segundo trimestre no se produjera en España ni un solo embargo de vivienda habitual, según ha constatado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En total, en el periodo se produjeron 5.534 inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad, un 47,6 % menos que en los tres meses anteriores, y un 66,8 % inferior al mismo periodo de 2019.
Los datos del INE, que son provisionales, indican que con esta tasa interanual, las ejecuciones hipotecarias acumulan ya 21 trimestres de descensos.
Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, corrobora que la estadística "se ha visto totalmente condicionada por la COVID-19, pues durante el segundo trimestre y como consecuencia de las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno a través de la moratoria de deuda hipotecaria, no se ha iniciado ningún procedimiento de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual en propiedad de personas físicas".
Font subraya que "estas medidas, obviamente, también afectan a las ejecuciones sobre vivienda, que registran una caída del 47 % respecto al primer trimestre de este año".
La mayoría de las ejecuciones -embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito- tienen origen en hipotecas firmadas durante la burbuja inmobiliaria, añade Font.
Según el año de inscripción de la hipoteca, la mitad de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas (un 52,4 %) correspondió a hipotecas constituidas entre 2006 y 2008, señala el INE.
El 25,8 % correspondió a hipotecas constituidas en 2007; el 15,9 % a hipotecas constituidas en 2006, y el 10,7 % a hipotecas de 2008; de este modo, el periodo 2005-2008 concentró el 59,3 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre.
Otro de los portales de referencia del mercado inmobiliario, Idealista, añade que las facilidades contables aplicadas a los bancos han permitido que se hayan concedido casi "un millón de moratorias hipotecarias", las cuales, unidas a las de créditos al consumo, permite prever "que las ejecuciones hipotecarias se van a ver reducidas a la mínima expresión en los próximos meses".
No obstante, el "innegable impacto negativo que la pandemia está teniendo en la economía", implicará que "seguramente durante lo que queda de año y en 2021 veamos un incremento de ejecuciones de viviendas no habituales, así como de otro tipo de activos".
Solamente una recuperación fuerte y sostenida de la economía podría hacer pensar en un escenario en el que las ejecuciones hipotecarias no se incrementaran en 2021, añade Idealista.
Por naturaleza de la finca, sobre viviendas se registraron 2.905, lo que supone un 47,5 % menos que el trimestre anterior y un 64,3 % menos que en el mismo periodo de 2019.
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraban el 52,5 % del total, y ninguna de ellas se produjo sobre viviendas habituales de personas físicas.
El 31,9 % correspondió a viviendas de personas jurídicas (un 71,0 % menos que en el segundo trimestre de 2019) y el 20,6 % a otras viviendas de personas físicas (un 75,4 % más).
Las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) fueron el 42,5 % del total.
Teniendo en cuenta el estado de la vivienda embargada, un 18,3 % se produjo sobre viviendas nuevas, y un 81,7 % sobre usadas; el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas disminuyó un 76,5 % en tasa anual y el de usadas un 59,6 %.
Desglosados los datos por comunidades autónomas, las que registraron mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre fueron la Comunidad Valenciana (1.339), Cataluña (957) y Murcia (888), en tanto que Navarra (15), País Vasco (26) y Extremadura (52) registraron el menor número.
En el caso de viviendas, la Comunidad Valenciana (816), Cataluña (496) y Andalucía (466) presentaron el mayor número de ejecuciones, y las cifras más bajas se dieron en Navarra y Extremadura, ambas con 13 operaciones, y La Rioja, con 15.
