Madrid, 10 sep (EFE).- La pérdida de recaudación y el aumento del gasto para combatir la pandemia de la COVID-19 han situado el déficit público hasta junio -a falta de las corporaciones locales- en el 6,11 % del PIB (68.414 millones de euros), el triple que hace un año (2,07 %).
De acuerdo con los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, la evolución de esta primera mitad del año es consecuencia de una reducción de los ingresos de 15.342 millones de euros y un aumento del gasto de 27.344 millones, de los que en torno a 20.800 millones corresponderían al gasto consolidado para hacer frente al impacto de la COVID-19.
El Gobierno prevé que en los próximos meses el déficit público crezca hasta llegar al 10,34 % del PIB a cierre de año, muy por encima del 2,8 % del PIB con el que se cerró 2019.
El Ministerio de Hacienda ha publicado también este jueves el déficit del Estado acumulado hasta julio, que asciende a 60.413 millones, equivalente al 5,40 % del PIB.
El déficit estatal es consecuencia de una caída anual de los ingresos del 15,8 %, hasta los 95.716 millones, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, y de un aumento del gasto del 21,4 %, hasta 156.129 millones, por los programas sanitarios y las mayores transferencias a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.
Los recursos impositivos, que representan el 80 % el total, se situaron en 76.619 millones, lo que supone una disminución de la recaudación del 18,4 %.
Retroceden prácticamente todas las figuras tributarias, con una caída del 16,4 % de los ingresos por IVA, hasta los 37.353 millones, debido al menor consumo por la caída de la actividad o a las medidas para mitigar efectos de la pandemia.
El parón de la actividad también mermó la recaudación del impuesto de sociedades, que bajó un 14 %, y la del IRPF, que lo hizo un 29,4 %.
En el capítulo de gasto el aumento más destacado es el de las transferencias a las comunidades autónomas, tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por los anticipos a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio 2018.
Los consumos intermedios se incrementan en un 20,1 %, crecimiento en el que inciden los 832 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior; en tanto que la remuneración de asalariados ha aumentado un 0,8 % debido a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.
Hacienda destaca también el incremento de la inversión en un 69,1%,fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).
Las comunidades autónomas registraron un déficit de apenas 6.710 millones hasta junio, lo que supone el 0,6 % del PIB, frente al déficit del 0,67 % del PIB registrado hace un año, debido a los recursos movilizados por el Estado para que pudieran hacer frente a la emergencia provocada por la COVID-19.
Todas las autonomías, salvo Madrid y Navarra, registraron en junio un comportamiento más positivo que hace un año, manteniéndose incluso dos de ellas con superávit (País Vasco y Canarias) y La Rioja en equilibrio presupuestario.
