Botín niega presiones para hacerse con el Popular y defiende su compra

Madrid, 8 oct (EFE).- La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha negado este jueves haber recibido presiones del Gobierno o del Banco de España para que se hiciera con el Popular tras su resolución, y ha defendido la compra de la entidad, que, en el momento de su intervención, cumplía las ratios que marcaba la ley.

La declaración como testigo de Botín, que ha llegado a la Audiencia Nacional veinte minutos antes de su citación, se ha centrado en aclarar los pormenores del proceso por el cual su grupo adquirió el Popular después de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea interviniera la entidad el 7 de junio de 2017.

Según han indicado a Efe fuentes jurídicas, Botín ha admitido haber recibido las llamadas tanto del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, como del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para mostrarle su preocupación por el estado del Popular, una sensación que compartía el mercado.

Si bien ha aclarado que ni el organismo regulador ni Economía le presionaron “en absoluto”, ha reconocido que el Santander recibió en mayo una invitación para participar en el proceso de venta privada del Popular.

En él, ha indicado, pudieron intervenir Rodrigo Echenique, como presidente de Santander España en esa época, y sus equipos, aunque ella nunca tuvo ningún contacto al respecto en este trámite.

Tras estudiar el proceso, el banco concluyó que “había un deterioro de confianza en el Popular”, una circunstancia que, entendieron, supondría hacer reservas.

Pese a ello, ha recalcado que, hasta donde sabe, el Popular cumplía con todos los requisitos regulatorios y era solvente, si bien arrastraba un problema de liquidez.

También estaba por debajo de la media de provisiones del mercado, aunque se mantenía dentro del marco fijado por la ley.

A raíz de este análisis, el Santander no llegó a presentar entonces una oferta, y es que, en opinión de Botín, la compra no era posible en mayo en condiciones de mercado.

BARAJARON LA COMPRA SI ERA RESUELTO

Aún así, sí que ha explicado que el Santander barajó la posibilidad de comprar el Popular en caso de que éste fuera intervenido por las autoridades.

En concreto, la decisión de participar se tomó el 23 de mayo, apenas quince días antes de la resolución, y se delegó en la ejecutiva, ha puntualizado.

A su parecer, el Popular tenía una cartera de pequeñas y medianas empresas (pymes) “muy atractiva”, no presentaba un déficit de provisiones, tampoco había evidencias de posibles incumplimientos en materia de tasación, y, además, cumplía con las ratios en el momento de su intervención.

También ha matizado a De Guindos, que la semana pasada indicó como testigo que Botín le había informado de que el Popular tenía un patrimonio neto negativo.

En concreto, la presidenta del Santander ha aclarado que no recuerda haber usado esos términos y que le habló de la necesidad de futuras provisiones, no de fondos propios negativos.

LA RESOLUCIÓN

En su interrogatorio, que ha durado cerca de tres horas, Botín ha dicho que entre el 2 y 3 de junio recibieron una llamada, supone que a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en la que se les informaba del proceso de resolución del Popular.

A pesar de que no lo ha podido asegurar con certeza, cree que la JUR contactó a “bastantes entidades”, y que incluso pudo plantear la oferta a algunos bancos extranjeros que operasen en España.

Sobre los detalles de la compra, ha resaltado que el Santander recibió la misma información que los demás, y que no dispuso de otros datos más allá de los que utilizaron para elaborar el informe sobre la venta privada en la que finalmente no participaron.

Botín ha incidido, de hecho, en que la entidad “no tuvo acceso” al informe de Deloitte, que sirvió de base a las autoridades para la resolución y posterior venta del Popular, y que cree que tampoco le hablaron de su existencia.

Además, ha recordado que aunque la compra se cerró por un euro, el coste que tuvo la operación para su entidad, que “se centró en no perder ningún cliente del Popular”, fue una ampliación de capital de 7.000 millones de euros.

Una vez concluido el interrogatorio, Botín ha abandonado la Audiencia Nacional con semblante tranquilo, una actitud que, según las fuentes, ha mantenido durante toda la comparecencia, en la que ha llegado a bromear acerca de su edad, “60 años, lo sabe toda España”.

Está previsto que el juez José Luis Calama retome las testificales la próxima semana, con la declaración de Rodrigo Echenique en su calidad de presidente del Santander España durante los hechos.

La causa comenzó en octubre de 2017, con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

Se abrieron entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

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