París, 12 oct (EFE).- Las negociaciones internacionales sobre un pacto para la fiscalidad de las empresas digitales no han logrado el acuerdo que buscaban para este año, pero han realizado “progresos sustanciales” que permiten fijar un nuevo objetivo de cerrar un compromiso a mediados de 2021, ha subrayado la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pilota esta negociación entre 137 países, divulgó este lunes el nuevo horizonte para una negociación que también incluye el objetivo de un tipo mínimo mundial en el impuesto de sociedades para impedir los efectos de que las empresas establezcan su sede en paraísos fiscales.
La OCDE insistió, en un informe, en que el contexto actual de la crisis del coronavirus, con el aumento del gasto que están soportando los Estados por las necesidades sanitarias “hace todavía más imperiosa la necesidad de una solución” que cuando el G20 le encargó este proyecto en 2017.
Su secretario general, el mexicano Ángel Gurría, advirtió de que sin una solución global, existe un riesgo real de que los países se embarquen en adoptar medidas sin coordinación y “unilaterales”.
“Es imperativo que hagamos este trabajo hasta la línea de meta. Un fracaso amenazaría con que las guerras fiscales deriven en guerras comerciales en un momento en que la economía global está sufriendo enormemente”, advirtió Gurría.
Esta advertencia cobra pleno sentido teniendo en cuenta que durante los últimos meses varios países de la Unión Europea (UE) han previsto la activación de impuestos a las grandes empresas digitales, que en su inmensa mayoría son estadounidenses.
En respuesta a esos dispositivos, Washington ha establecido un pulso con ellos con amenazas directas de sanciones.
La base de negociación que se ha fijado en el llamado Marco Inclusivo que pilota la OCDE prevé que las grandes compañías del sector tendrían que pagar una parte de los impuestos en los países donde tienen su negocio (y sus clientes) aunque no tengan allí sede social.
Según los cálculos de los expertos, este mecanismo podría significar una redistribución de unos 100.000 millones de euros de impuestos anuales que llegarían las arcas de esos países donde se encuentran los consumidores.
Al mismo tiempo, la creación de un impuesto de sociedades mínimo a escala global generaría 100.000 millones de dólares de impuestos cada año.
