Madrid, 30 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, considera fundamental que el Estado avance en la financiación de prestaciones que no corresponden a la Seguridad Social, después de que durante años el dinero de las cotizaciones haya contribuido a mantener el Estado de bienestar.
“Hemos ayudado con las cotizaciones de los trabajadores de este país a consolidar el Estado de bienestar, no solo con las pensiones, sino también pagando los servicios sociales o la sanidad en su momento”, explica Valerio en una entrevista con EFE, en la que considera que ya es hora de que el Estado asuma lo que le corresponde.
Tras la aprobación el martes de las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones, Valerio subraya que es clave eliminar el déficit “ficticio” de la Seguridad Social en un plazo tres años.
“Los últimos informes del Tribunal de Cuentas cuantifican lo que ha pagado la Seguridad Social en 103.000 millones. Si cada uno hubiese pagado lo suyo no hubiéramos llegado a una situación de déficit, que genera mucha zozobra e incertidumbre”, puntualiza tras valorar que los Presupuestos de 2021 contemplen una transferencia de casi 14.000 millones de euros para pagar prestaciones como las de nacimiento.
No obstante, Valerio reconoce que hay dudas sobre a quién corresponde financiar los gastos de gestión de la Seguridad Social, que ascenderían a 4.000 millones, un tema que “se va a dejar para darle más vueltas”.
La exministra de Trabajo y Seguridad Social, que ha conseguido un gran consenso en momentos de crispación política, destaca entre las recomendaciones cerradas en el Pacto de Toledo la que propone actualizar las pensiones con el IPC y que fue apoyada hasta por el PP.
Recuerda que todavía se debe derogar el índice de revalorización que aprobó el Gobierno popular y que durante años solo permitió una subida de las pensiones del 0,25 %, aunque duda de que pueda tramitarse una ley en este sentido antes de que finalice el año, ya que el Congreso da prioridad actualmente a la tramitación de los Presupuestos.
“No quiero hacer vaticinios (…) pero vamos un poco justos”, asegura, tras apuntar que la aprobación de las recomendaciones en el Pleno del Congreso también podría retrasarse por la tramitación presupuestaria, e igualmente los plazos para presentar votos particulares a las recomendaciones.
Unos votos particulares que espera que sean “los menos posibles”, aunque recuerda que siempre se puede llegar acuerdos antes de la votación.
Valerio destaca el espíritu de diálogo que han tenido todos los portavoces, su disposición proactiva y el respeto con el que se han desarrollado los debates dentro de una comisión que empezó su tarea hace cuatro años y que ha renovado por tercera vez unas recomendaciones que ya duraban diez años.
“Aunque el Pacto de Toledo en algunos momentos parece un oasis en el desierto, el oasis tampoco puede ser perfecto y tener todas las palmeras”, ironiza tras lamentar que Vox haya adoptado una posición frontal contra toda propuesta del Gobierno.
PREJUBILACIONES
Sobre la recomendación de desincentivar las prejubiliaciones, incide en que en muchas ocasiones se utilizan como medida de regulación de empleo, por lo que hay que valorar si ha sido voluntaria o forzosa para poder analizar si los coeficientes reductores que se aplican son justos.
“A veces la propia normativa de prestaciones por desempleo o de subsidios ha estado fomentando las jubilaciones anticipadas forzosas”, indica tras recordar que será el Gobierno el que legisle en este sentido o en el de incentivar la prolongación de la edad de jubilación.
EDAD DE JUBILACIÓN Y AÑOS COTIZADOS
“No se va a tocar la edad de jubilación de los 67 años”, aclara Valerio, que explica que la recomendación al respecto pasa por que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo se aproxime tanto como sea posible a la edad legal.
También puntualiza que se mantiene en 15 años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social y que lo que se propone es analizar el impacto de pasar de 15 a 25 años en el periodo para calcular la pensión.
Al respecto valora que se puedan elegir los mejores 25 años de cotización sobre todo ante la incertidumbre del impacto que podrá tener la pandemia de coronavirus en la vida laboral de muchas personas, aunque destaca que “hay que hacerlo con cabeza porque la seguridad Social debe ser sostenible socialmente y también financieramente”.
PENSIONES DE VIUDEDAD
La recomendación no entra a reformular las condiciones para acceder a esta prestación, aunque sí propone que puedan cobrarla las parejas de hecho igual que los matrimonios, explica Valerio.
En su opinión, antes de modificar las pensiones de viudedad habría que eliminar primero la brecha de género laboral y salarial, y recuerda que estas prestaciones las reciben 2 millones de personas, el 90 % mujeres, en su mayoría mayores de 75 años y que sólo cerca de 126.000 las compatibilizan con otros empleos.
IMPUESTO AL ROBOT
Valerio niega que el Pacto de Toledo haya recomendado un “impuesto al robot”, y puntualiza que habrá que encontrar “mecanismos novedosos” para que la nueva economía digital y de las plataformas contribuyan al sistema de la Seguridad Social.
En este sentido, afirma que hay que luchar contra los falsos autónomos que se dan en muchos negocios digitales.
Ruth del Moral
