El déficit para financiar el desarrollo sostenible crecerá un 70 % en 2020

París, 9 nov (EFE).- El déficit para financiar los objetivos de desarrollo sostenible que se ha fijado la comunidad internacional se va a incrementar en un 70 % este año a causa del impacto de la crisis del coronavirus, que por primera vez en más de dos décadas va a provocar un aumento de la pobreza extrema en el mundo.

Este es el negro diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe publicado este lunes pone cifras al ensanchamiento de la brecha entre los fondos disponibles y los necesarios para alcanzar los objetivos que se fijaron para el horizonte de 2030.

Según sus cálculos, la crisis va a aumentar en 1,7 billones de dólares más en 2020 esa brecha de financiación de las metas que se establecieron en la conferencia internacional en Adís Abeba en 2015, que antes de la crisis ya era de 2,5 billones.

En primer lugar, la magnitud de la recesión que se espera en 2020 habría requerido que los países en desarrollo tuvieran un billón de dólares más para igualar el esfuerzo que están haciendo los miembros de la OCDE con sus paquetes de recuperación anticrisis, gracias a que éstos disponen de un amplio margen para endeudarse.

En paralelo, los flujos privados dirigidos al desarrollo sostenible se van a recortar en 700.000 millones de dólares, lo que significa un descenso un 60 % mayor que el que hubo con la crisis financiera.

“Necesitamos una acción inmediata para equilibrar la financiación en favor del desarrollo sostenible”, subrayó en la presentación del informe el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que insistió en que los compromisos contraídos en 2015 “se tienen que mantener”.

Gurría hizo hincapié en que pese a la crisis debe mantenerse la ayuda pública al desarrollo, que constituye el “catalizador” para la llegada de fondos privados.

Constatar esas carencias resulta particularmente duro cuando la pandemia va a provocar que este año 200 millones de personas pierdan sus puestos de trabajo y 100 millones caigan en la pobreza extrema, cuando había bajado de forma significativa entre 2015 y 2019 hasta el 8,2 % de la población.

Eso supone un cambio de tendencia desde que en 1998 se venía produciendo un descenso ininterrumpido de la pobreza en el mundo.

Los autores del estudio hacen notar que un 1,1 % del total de activos financieros en manos de los bancos, de los inversores institucionales y de los gestores de fondos (4,2 billones de dólares) serían suficientes para cubrir las crecientes necesidades del desarrollo sostenible.

Esos actores financieros disponen en total de 378,9 billones de dólares, una cifra que ha crecido a un ritmo del 5,9 % desde 2012. Un 81 % de ese dinero (más de 308 billones de dólares) se encuentra en países de altos ingresos, cuando representan únicamente un 16 % de la población global. Un 15 % adicional está en China.

El abismo financiero entre esos mundos queda ilustrado con el hecho de que en 2017 en los países en desarrollo el dinero invertido en fondos de pensiones suponía menos del 20 % de su PIB y el de las compañías de seguros menos del 15 %. En los Estados de altos ingresos, por el contrario, esos activos financieros pesaban el 45 % y el 40 %, respectivamente, de su PIB.

La OCDE no solo considera que no son suficientes los actuales niveles de ayuda pública al desarrollo, sino que tiene que ir mejor dirigida ahí donde están las mayores necesidades y en paralelo retirarla de actividades no sostenibles.

Eso significa, de forma particular, orientar la financiación del desarrollo a los objetivos del cambio climático, hacia los que ahora únicamente se dirige el 20 %.

La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, explicó que el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza extrema es también el interés de los países ricos.

La conferencia internacional de Adís Abeba identificó siete líneas en las que se deben concentrar los esfuerzos de financiación, como la protección social y los servicios públicos esenciales para todos; el fin del hambre y de la malnutrición; la generación de empleo productivo y trabajo decente; la protección de ecosistemas; o la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas.

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