Bruselas, 13 nov (EFE).- La Defensora del Pueblo europeo, la irlandesa Emily O’Reilly, avisa de que su oficina estará vigilante porque «se va a mover una gran cantidad de dinero» con el fondo de recuperación, dotado de 750.000 millones de euros para paliar el impacto de la COVID-19 en los Estados miembros, a los que pide «transparencia y responsabilidad» en su gestión.
En una entrevista con Efe, O’Reilly subraya la importancia de que «todos», ciudadanos incluidos, puedan hacer un seguimiento del paquete de recuperación acordado en julio por los líderes europeos y del que España espera recibir 140.000 millones a partir de 2021.
La «transparencia y responsabilidad», añade, serán claves para garantizar que «cualquier persona» conozca cuánto dinero obtiene su país, en qué se va a gastar y quiénes están al cargo de su gestión.
«Se va a mover una gran cantidad de dinero y es muy importante que sea visible no solo a nivel europeo, sino también cuando llegue a los Estados miembros», insiste la Defensora, responsable desde 2013 de investigar las reclamaciones contra las instituciones y organismos de la Unión Europea (UE) por mala administración.
El desembolso del fondo comunitario está más cerca ahora que hay un principio de acuerdo alcanzado por los países de la UE y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto europeo para los próximos siete años, unas cuentas a las que va asociado el paquete.
A raíz de la crisis sanitaria, cuenta O’Reilly, su oficina ha recibido muchas reclamaciones relacionadas con los Estados miembros sobre el acceso a la atención médica, los test o la falta de tratamiento para aquellas personas con problemas de salud que no fueron atendidas por el «descontrol» del coronavirus.
Unas denuncias que escapan del ámbito de su competencia, aclara, ya que la Sanidad recae en los Estados miembros y no en las instituciones comunitarias.
LA GESTIÓN DE LA UE EN LA PANDEMIA
Durante la pandemia, la Defensora del Pueblo prestó especial atención a «cómo lidiaban» con la crisis organismos de la UE como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (AEM).
La oficina analizó la «transparencia e independencia» de la AEM por el «gran papel que desempeña en relación a las vacunas» contra la COVID-19, que O’Reilly espera sean un «regalo por Navidad».
Sobre el reparto de los 300 millones de dosis de la vacuna encargadas por la Comisión a la farmacéutica Pfizer, O’Reilly dice que «aún no está clara» la cantidad a repartir entre los Estados miembros, lo que sugiere que su distribución podría acarrear «muchos problemas».
LA MERMADA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
O’Reilly opina que, si algo ha puesto de relieve la pandemia, es la necesidad de que los ciudadanos «confíen» en sus gobiernos, ya que son estos los que dictan las recomendaciones sanitarias a seguir, como mantener la distancia social, evitar reuniones y respetar la cuarentena.
Una confianza que se ha visto mermada en los últimos años por las denominadas «puertas giratorias», un fenómeno cada vez más recurrente en Bruselas y al que O’Reilly ya ha aludido como uno de los retos a abordar durante los próximos años de su mandato.
Las puertas giratorias hacen alusión al conflicto de intereses que se crea cuando altos funcionarios de la UE pasan al sector privado, «haciendo uso de su red de contactos y conocimientos adquiridos trabajando en lo público, lo que dota de cierta ventaja a los agentes privados», apunta.
«Los ciudadanos europeos necesitan confiar en las instituciones y en la legislación» porque, sin esa confianza, los gobiernos no «pueden funcionar como deberían y eso daña el interés público», critica.
Por otro lado, una de las últimas investigaciones abiertas por la oficina del Defensor del Pueblo estudia el posible fallo de la Comisión Europea a la hora de garantizar que las autoridades respeten los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en la frontera de Croacia, un país que recibe 108 millones de euros del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE.
Clara Gámez
