El socio de Linklaters que asesoró al Popular en 2016 declara este jueves

Madrid, 15 nov (EFE).- El socio del despacho Linklaters Jorge Alegre declarará el próximo jueves como testigo ante la Audiencia Nacional por su papel como asesor de la entidad en la ampliación de capital de 2016, encargo en el que también participó el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, entonces en la firma.

Según la documentación aportada por el bufete al juez que investiga las dos últimas gestiones del banco, Alegre capitaneó el “núcleo principal del equipo, que llevó el día a día de la operación y la preparación de su documentación, incluida la nota de valores”.

Junto a él se encontrarían otras cinco personas, indicaba Linklaters, que apartaba de este grupo a Albella, al que únicamente se le menciona como participante con Alegre en la reunión del Consejo de Administración del Popular que aprobó la operación, ahora objeto de investigación.

Durante su testifical del pasado septiembre, el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aseguró que su papel como socio fue secundario, y señaló a su compañero por ser la persona que manejaba toda la documentación sobre la entidad.

En su respuesta al juez, la firma explicó que las labores de asesoramiento, cuya factura ascendió a casi 486.500 euros, se encargaron de manera verbal, una práctica “frecuente”, especialmente cuando se trata de un “cliente habitual” y se realiza “con premura”.

Los honorarios incluían asesoramiento general sobre la operación, redacción de la documentación societaria relacionada con la ampliación, preparación de la nota de valores del folleto, redacción de los anuncios y la revisión de la presentación a los inversores.

Estos servicios se completaron con la presencia “durante unos minutos” de dos de sus socios, Alegre y Albella, en la reunión del Consejo del Popular en la que se aprobó la ampliación de capital, con el fin de responder a las preguntas de los consejeros acerca de sus responsabilidades.

No obstante, recalcaba el despacho, “no se le encargó ni llevó a cabo ninguna auditoría legal de ningún tipo (…) ni validó el contenido del folleto informativo (…) ni emitió o pudo emitir ningún tipo de opinión legal relativa a su contenido”.

Tampoco ningún dictamen vinculante, recomendación u opinión dirigida al Consejo de Administración del Popular sobre las “bondades” o “procedencia de la ampliación de capital para que pudiera aprobarla”.

Para el mismo día está citado el que fuera secretario general técnico del banco, Miguel Ángel Moral.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización. ¡

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