El estatuto electrointensivo va mañana al Consejo de Ministros

Madrid, 14 dic (EFE).- El Estatuto Electrointensivo, una norma que aguarda la industria gran consumidora de electricidad para abaratar el diferencial de precios que le separa en competitividad con los países del entorno, irá mañana al Consejo de Ministros, según ha dicho este lunes la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Maroto, que ha recogido esta noche uno de los Premios Secante de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ha hecho en este acto el anuncio, esperado por el sector industrial de gran consumo eléctrico.

Aunque desde principios de año se ha ido anunciando esta medida, que persigue abaratar los costes energéticos de este sector, que principalmente afecta a las grandes industrias del sector siderúrgico, otras industrias intensivas en el uso de energía y en manera menor por la química, finalmente, si el Consejo de Ministros lo aprueba mañana, llegará antes de finales de 2020.

En febrero de este año, antes de que la pandemia se desatara, se anunció el Estatuto Electrointensivo, que beneficariía a unas industrias con alto consumo eléctrico, a las que se bonificará en un 85 % los cargos de su factura, lo que les supondría un ahorro conjunto de unos 90 millones.

Sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarían a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.

El texto se empezaba a conocer entonces después de que, con anterioridad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de que algunas de las medidas del proyecto anterior podían ser consideradas por la Comisión Europea (CE) como ayudas de Estado y de que se incorporaran las observaciones del órgano de competencia.

El objetivo del Estatuto del Consumidor Electrointensivo es mejorar la competitividad de las industrias con gran consumo de electricidad, que han llegado a soportar diferenciales con sus competidores de Francia y Alemania de hasta 20 euros/megavatio hora (MWh), aunque ahora los precios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) en algunos momentos han ido convergiendo.

Según ese proyecto, el Estatuto permitirá que los cargos que las industrias grandes consumidoras de electricidad abonan en la factura, destinados a financiar los costes de las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los territorios no peninsulares, les sean bonificados en un 85 %.

Además, el Gobierno contemplaba un tercer eje de medidas, en concreto un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en ingles) por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a través de un fondo y otras garantías.

El objetivo de esta medida es fomentar que los consumidores electrointensivos establezcan PPA o contratos de suministro a largo plazo con proyectos de generación de electricidad renovable.

El pasado 26 de junio el Gobierno aprobó la creación del Fondo Español de Reserva de Garantía para que consumidores electrointensivos suscribieran contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo, dotado de un máximo de 600 millones de euros en un periodo de tres años.

El fondo garantiza la cobertura del Estado a las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo que realicen los consumidores considerados electrointensivos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo estima en más de 600 el número de beneficiarios potenciales y que el 80 % de estos consumidores podría firmar contratos de dicho tipo por diez años.

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), estará dotado con 200 millones anuales en sus primeros tres años de vida para cubrir como máximo 600 millones de inversión en ese trienio y, a partir del cuarto año, su cuantía se determinará en los Presupuestos Generales del Estado.

El diferencial que supone el precio que la industria española paga por la energía ha sido uno de los problemas alegados por la industria electrointensiva, que ha visto ir reduciendo la cuantía que le aportaban las industrias de interrumpibilidad, cantidad que recibían en subastas por estar dispuestas a interrumpir su consumo para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y, luego, para actuar en momentos en que se disparaban los precios en el mercado.

El alto coste de precios que soportan las industrias electrointensivas ha sido alegada por grupos, como la estadounidense Alcoa, para justificar sus decisiones de dejar de seguir manteniendo su actividad en España.

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