Castilla y León pide fiscalidad flexible para frenar la caída del automóvil

Valladolid, 19 dic (EFE).- Una fiscalidad adaptada por tramos, que atienda la exigencia medioambiental sobre el sector del automóvil, ha pedido la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para no elevar en exceso la presión sobre una industria en descenso desde la pandemia y evitar una mayor caída de las matriculaciones en 2021.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la que pide medidas urgentes, a través de la fórmula del decreto-ley, para avanzar en la reforma integral de la fiscalidad de la automoción española.

El consejero ha explicado a la ministra la preocupación expresada por todo el sector a través de los representantes de Anfac, Faconauto y Serauto, ante la entrada en vigor el próximo 1 de enero del nuevo procedimiento europeo de medición de emisiones WLTP.

Esta medida implicará un "gran impacto fiscal" para muchos modelos si no se impulsa, antes del 31 de diciembre, una modificación de los tramos fiscales del impuesto de matriculación para adaptarlos a este nuevo estándar de medición de emisiones, de igual manera que en otros países europeos.

Fernández Carriedo ha sugerido asimismo al Gobierno de España la necesidad de avanzar en una fiscalidad medioambiental integral del automóvil, "no a través de cambios puntuales sino trabajando sobre lo ya aprobado y apoyado por el sector en el reciente Plan del Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción".

Este plan prevé una reforma integral de la fiscalidad sobre vehículos, en coordinación con las administraciones Territoriales, añade el consejero según una nota difundida este viernes por la Junta de Castilla y León.

El consejero ha trasladado también a la ministra la inconveniencia de aplicar una subida fiscal cuando el sector del automóvil se encuentra ejerciendo "un importante efecto tractor sobre la economía frente a la pandemia" y, además, "con una recuperación lenta, en un entorno de gran incertidumbre y con elevados niveles de paro".

A su juicio, "se trata de un tema relevante y urgente, tal y como ha trasladado el sector a la Junta de Castilla y León, que ya está afectando de una forma acusada a los pedidos de flotas y particulares para el próximo año", añade el comunicado.

Esta situación de incremento de la fiscalidad generará en su opinión un nivel de incertidumbre "justo en el momento en que más se necesita estabilizar el mercado".

Por último, ha recordado que la automoción es una de las actividades económicas que con mayor impacto está sufriendo la crisis de la covid, con la "paralización sin precedentes de la actividad minorista y manufacturera, y un creciente pesimismo por parte del consumidor", hasta el punto de que la caída del mercado en España ha sido del 36,8 por ciento el pasado octubre.

La industria del automóvil es uno de los principales pilares de la economía de Castilla y León, con una cifra de negocio de 10.000 millones de euros.

Es la segunda comunidad autónoma que más vehículos manufacturó en los dos últimos años, proporciona empleo a más de 18.000 personas y afecta también en gran medida a determinados aspectos como la recaudación fiscal, la internacionalización y la innovación.

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