Gobierno confía en las comunidades para reforzar las ayudas aprobadas en hostelería y turismo

Madrid, 22 dic (EFE).- El Gobierno confía en las comunidades autónomas para "reforzar" las medidas de apoyo concedidas a los sectores del turismo, la hostelería y el comercio tras los 16.000 millones de euros que les transfirió a través del "Fondo COVID-19", aprobado en julio pasado y las medidas aprobadas hoy para ese sector.

El Consejo de Ministros aprobó hoy un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio, entre ellas una rebaja de los alquileres y ayudas fiscales, un "ambicioso" plan con un impacto estimado de unos 4.220 millones de euros.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, subrayó que estos sectores merecen una especial protección debido a su impacto en la economía y en el empleo hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad una vez superada la crisis sanitaria.

Según sus cálculos, habrá cerca de 2.000 millones de euros en ayudas mediante la reducción de los alquileres, la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores y rebajas fiscales.

La portavoz del Gobierno precisó que otros 2.000 millones serán apoyos a través de "moratorias en los pagos y alivios en las cargas financieras que tienen que soportar" las empresas.

Por su parte, la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha subrayado que las comunidades autónomas "tienen capacidad en el marco de sus competencias y gracias a la flexibilización y los recursos que se les han dado" para ayudar "a los sectores económicos más afectados".

En declaraciones a la prensa dijo que este asunto se tratará el próximo día 28 en el marco de las conferencias sectoriales de Comercio y Turismo con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Frente a las críticas de las patronales al plan del Ejecutivo por no incluir ayudas directas, Reyes Maroto -que ha comparecido de forma virtual, ya que guarda cuarentena tras haber estado en contacto con un positivo por coronavirus- ha defendido la batería de medidas que recoge lo aprobado este martes.

En su opinión, el Gobierno sí que ha adoptado ayudas directas, entre ellas las prestaciones extraordinarias a autónomos (lo que ha cuantificado en un coste superior a los 800 millones de euros) y las exenciones en el pago de cuotas de la Seguridad Social y el abono de prestaciones de desempleo a los trabajadores en el caso de los ERTE.

"También hay una contribución directa por nuestra parte. Más que el debate sobre si las ayudas son directas o indirectas, habría que centrarlo en la eficacia de estas medidas", ha argumentado la ministra, quien ha incidido en que los apoyos puestos en marcha ya han demostrado "que son eficaces" para proteger el empleo.

El plan validado por el consejo de ministros incluye medidas con un coste estimado de 4.220 millones de euros, de los cuáles 2.809 millones corresponden a ayudas tributarias, 567 millones a ayudas en materia laboral y Seguridad Social, 520 millones proceden de líneas de liquidez y financiación, a lo que se suman otros 324 millones con las decisiones adoptadas en el arrendamiento de locales comerciales.

En el campo del alquiler, se obliga a los grandes tenedores -es decir, los dueños de más de diez inmuebles- a elegir entre una quita del 50 % en la renta de su inquilinos o una moratoria de dos años para aplazar ese pago hasta que se resuelva la crisis sanitaria.

La medida está previsto que beneficie a 190.000 empresas: 33.000 vinculadas al sector turístico y 157.000 locales comerciales, según datos oficiales.

En el caso de quienes cuentan con menos de 10 inmuebles, el Ejecutivo creará un "incentivo fiscal" que permitirá a estos propietarios desgravarse toda la cuantía que rebajen en la renta del inquilino y que, por tanto, dejen de percibir.

"Esta rebaja podrá computar como gasto deducible en el IRPF durante el primer trimestre de 2021", ha precisado Montero, que ha puesto como ejemplo que si un propietario que obtiene una renta de 1.000 euros mensuales de alquiler, rebaja el precio del arrendamiento a 400 euros un mes, podrá aplicarse un gasto deducible en su IRPF de 600 euros.

Si en lugar de rebajar el precio, el propietario perdona al arrendatario el alquiler de un mes, el gasto deducible sería 1.000 euros, ha añadido Montero. Se estima que la medida podría tener un impacto máximo de 324 millones de euros.

Para mejorar la liquidez, el Gobierno ha decidido ampliar la carencia y el período de amortización de los créditos ICO y ha creado un nuevo tramo de avales ICO que contarán con una garantía del 90 % del Estado para facilitar que las entidades financieras concedan esos préstamos, entre otras medidas.

En materia de ayudas tributarias, se permite aplazar deudas hasta un máximo de 30.000 euros a las empresas que facturen menos de 6 millones de euros a través de las liquidaciones y autoliquidaciones a presentar entre los días 1 y 30 de abril de 2021.

Además, se reduce entre un 20 y un 35 % el rendimiento de módulos del IRPF y del régimen simplificado del IVA, y se crea una exención para los "cheques restaurante" aplicable no sólo en establecimientos físicos, sino también para los pedidos de comida a domicilio.

En el capítulo de medidas laborales, se extiende la protección de los ERTE en hostelería y comercio al considerar a bares y restaurantes como actividades económicas "hiperprotegidas", una clasificación de la que se quedaron fuera en septiembre.

Asimismo, se permite aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social (de las cuotas devengadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 en el caso de las empresas y entre enero y marzo para los autónomos) y se da una bonificación del 50 % en la contratación de trabajadores fijos discontinuos.

En el ámbito regulatorio, el decreto ley flexibiliza los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales y se amplía la moratoria para presentar concursos de acreedores.

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