Madrid, 10 ene (EFE).- Los agricultores y ganaderos perceptores de la Política Agraria Común (PAC) en España están sujetos este año a las mismas reglas del periodo 2014-2020, mientras sigue en marcha la negociación del plan estratégico para aplicar la nueva PAC a partir de 2023.
Entre 2021 y 2022 los productores podrán percibir unos 7.200 millones de euros anuales, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Así será hasta que entre en vigor la reforma de la PAC que se está negociando en la Unión Europea (UE) en los llamados trílogos (reuniones entre el Consejo de la UE, la Eurocámara y la Comisión Europea) para el periodo 2023-2027.
Su resultado en los próximos meses servirá de base para el diseño del plan de aplicación nacional, máxima prioridad de este año para España junto a la modificación de la ley de cadena alimentaria.
En cuanto a la campaña de 2021, está previsto que los productores puedan solicitar desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril los pagos directos de la PAC y las ayudas de los programas de desarrollo rural, que incorporan fondos europeos de recuperación de la crisis del coronavirus, con sus correspondientes normas.
Además, el reglamento transitorio de la PAC aprobado para los próximos dos años permite a los países productores de aceite de oliva fijar normas que regulen su oferta, una medida que había reclamado el sector y que ya existía para el vino.
CIFRAS EN ESPAÑA
A España le corresponden 47.724 millones de euros del presupuesto de la Política Agraria Común pactado para los próximos siete años, ligeramente por encima de los 47.500 millones que obtuvo en el periodo anterior, según cifras del Gobierno.
De esa cantidad, 34.124 millones de euros irán destinados a los pagos directos; 8.530 millones, al desarrollo rural, y el resto, a determinadas medidas de mercado y apoyo a sectores.
En España hay unos 700.000 beneficiarios de la PAC que percibieron de media 8.482 euros en 2019, una cantidad que se espera que siga creciendo hasta el final de la década, como ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Un 30 % de los ingresos de los perceptores proviene de la renta agraria, un porcentaje que el MAPA maneja a la hora de definir al agricultor profesional, figura que se beneficiará de los pagos directos con la nueva PAC.
Este es uno de los principales asuntos que el Ejecutivo está debatiendo en sus reuniones con las comunidades autónomas y el sector agrario.
Unos 300.000 pequeños agricultores y ganaderos pueden quedarse fuera de esa categoría por ingresos, por lo que el Gobierno ha propuesto un régimen especial que otorgue ayudas adicionales a estos productores.
EL PLAN ESTRATÉGICO
El plan estratégico nacional, que deberá presentarse formalmente a la Comisión Europea a finales de 2021, está estructurado en torno a nueve objetivos.
Se trata de asegurar ingresos justos, elevar la competitividad, reequilibrar el poder de la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medioambiente, conservar la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, mantener vivas las zonas rurales y proteger la calidad de los alimentos, además del objetivo transversal de modernizar el sector agrario mediante el conocimiento, la innovación y la digitalización.
Una importante novedad son las mayores exigencias para lograr una producción sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo y las estrategias de la Comisión Europea de biodiversidad y "De la granja a la mesa".
Respecto a los ecoesquemas, ayudas vinculadas a la sostenibilidad ambiental, se ha propuesto vincular las ayudas al fomento de los sumideros de carbono, las cubiertas vegetales, la mejor fertilidad de los suelos y la agricultura de precisión, entre otras acciones.
El Gobierno también ha debatido con las autonomías lo relativo a las ayudas asociadas a la producción en ciertos sectores, como la ganadería extensiva, y a los programas especiales para el vino, las frutas y hortalizas, y la apicultura.
El fomento de la agricultura ecológica, que en España ocupa un 9 % de la superficie agraria, y los límites a las ayudas y su distribución son otros de los asuntos que aún se están discutiendo.
Belén Delgado
