La Sareb y los bancos ceden 26.000 viviendas para alquiler social

Madrid, 17 feb (EFE).- La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las entidades financieras cederán 26.000 viviendas de su propiedad para alquiler social, después de que la primera haya elevado en 10.000 las que había facilitado hasta ahora y de que los bancos se hayan comprometido a aportar 1.000 más.

Tras la firma del correspondiente protocolo en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que de las 10.000 nuevas unidades que la Sareb cede al Estado, 5.000 se van a poner a disposición a corto plazo para atender situaciones de vulnerabilidad y las otras 5.000 serán a medio plazo.

Estas se sumarán a las 5.000 que el llamado ‘banco malo’ ya había acordado con diversas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que hará que el paquete global del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables alcance los 15.000 pisos.

A cambio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se hará cargo del coste de la rehabilitación y el adecuamiento de las viviendas que lo necesiten antes de ser arrendadas por un precio fijado y unas condiciones limitadas.

LOS BANCOS APORTAN UN MILLAR DE VIVIENDAS MÁS

Por otro lado, las entidades financieras aportarán viviendas de su propiedad a precios reducidos para familias que han perdido su casa por impago de la hipoteca o como resultado de una dación en pago.

El compromiso de las entidades es aumentar en un 10 % el número de viviendas que ya aportan al fondo, con lo que a partir de ahora estará dotado con 11.000.

El acuerdo del Gobierno con la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector amplía de esta forma su vigencia hasta enero de 2022.

UN TOTAL DE 50.000 VIVIENDAS PARA ALQUILER SOCIAL

Si a estas aportaciones facilitadas con la colaboración del sector privado se suman las viviendas públicas en las que trabaja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con otras administraciones, el parque total de vivienda social en alquiler en el que se está trabajando alcanza los 50.000 inmuebles.

Según fuentes de ese ministerio, cerca del 50 % de ese parque ya está habitado o en desarrollo, mientras que el resto se está trabajando para que en los próximos años se pueda completar la disposición de esas 50.000 viviendas.

A todo ello hay que sumar las incipientes negociaciones con los fondos que son grandes tenedores de viviendas para que cedan parte de ellas al alquiler social, lo que podría elevar de manera notable el parque disponible a muy corto plazo.

MIL MILLONES DE LOS FONDOS EUROPEOS

Tras asegurar que para el Gobierno la política de vivienda es un “eje prioritario” y que está “decidido a acelerar las respuestas” al problema de los elevados precios y a renovar el parque público de viviendas de alquiler, Sánchez ha sostenido que el de hoy es un “gran paso” para favorecer que los grandes tenedores pongan parte de su cartera a disposición de las personas con vulnerabilidad.

Un gran paso -ha dicho- que se une a otros aprobados por el Gobierno esta legislatura, como el plan de vivienda para alquiler asequible, las medidas de choque coyunturales y estructurales adoptadas desde 2018 y la aprobación de los presupuestos generales para 2021.

Para financiar el plan de alquiler asequible (antes plan 20.000) el Gobierno utilizará 1.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, lo que permitirá que el parque público ronde los 24.000 pisos.

De los 2.250 millones de euros presupuestados en 2021 para vivienda, más de 560 millones se destinarán a políticas sociales y 1.550 millones a la rehabilitación de entornos residenciales.

LA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS, MEDIDA COYUNTURAL

Entre las medidas “coyunturales” Sánchez ha citado la suspensión de los desahucios, la prórroga automática en los contratos de arrendamiento, la moratoria del pago a grandes tenedores, la línea de avales ICO y la ampliación de los criterios de vulnerabilidad económica para su adaptación a la crisis de la covid-19.

Ha recordado que el Gobierno está “preparando la primera ley estatal de vivienda de la democracia”, pero ha hecho hincapié en que el plan de alquiler asequible, dirigido a crear un gran parque público y permanente de alquiler social es el “buque insignia de la nueva política de vivienda del Ejecutivo”.

“La vivienda debe dejar de ser un lujo o un motivo de estrés y preocupación para personas en situación de vulnerabilidad y para aquellas que viven en zonas donde la renta se ha disparado”, ha afirmado Sánchez ante representantes del sector financiero.

En el acto la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, han suscrito el Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas, con el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen.

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