Bruselas, 20 feb (EFE).- La presidencia semestral portuguesa de la Unión Europea (UE) se ha propuesto poner el acento en la política social y, en ese sentido, pretende impulsar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, una iniciativa anunciada hace más de tres años, pero aún incompleta.
En noviembre de 2017, durante una cumbre en la ciudad sueca de Gotemburgo, las tres instituciones comunitarias principales (Comisión, Parlamento y Consejo, que reúne a los países) proclamaron el pilar, veinte principios sobre igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral.
El texto aborda políticas sobre vivienda, educación o servicios sociales y contiene disposiciones para garantizar la protección de los trabajadores, los desempleados, las personas con rentas bajas, los niños procedentes de entornos desfavorecidos y personas dependientes o sin techo.
Sin embargo, esa compilación no presenta un desarrollo concreto.
Ya cuando en 2017 se proclamó en Gotemburgo, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamó que no se considere "un poema".
La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) también pidió "inmediatamente" el plan de acción para su implementación porque el pilar tenía "muy pocas iniciativas legislativas vinculantes", recuerda a Efe su secretario general, Luca Visentini.
No obstante, han pasado más de tres años desde la cumbre social en Suecia y el plan de acción no se conoce.
Está previsto publicarlo el 3 de marzo, pero la Comisión Europea sí ha presentado propuestas para implementar el pilar, tanto durante el mandato de Juncker como durante el de Ursula von der Leyen.
De hecho, la alemana se comprometió a presentar el plan de acción en su discurso en la Eurocámara antes de ser elegida presidenta.
El comisario de Empleo, Nicolas Schmit, asegura en una entrevista con Efe que el plan de acción "debería ser una gran oportunidad para reunir a muchas partes interesadas y ver cómo deberíamos reconstruir la economía tras esta crisis y cuál es el lugar de la dimensión social", que "no puede estar solo en los márgenes".
Visentini explica que el plan de acción se ha pospuesto de enero a febrero y, finalmente, al 3 de marzo, pero considera que esos retrasos están justificados porque "la Comisión Europea quiere consultar a los Estados miembros y los agentes sociales antes" de publicarlo.
Una vez presentado el plan, el objetivo es comprometerse con su implementación durante una nueva cumbre social en Oporto el 7 de mayo, seguida de una reunión informal de jefes de Estado y Gobierno un día después.
"Lo que esperamos de esta cumbre es que habrá una especie de compromiso conjunto cofirmado por la presidencia portuguesa, es decir, António Costa, el primer ministro; la presidenta (de la Comisión, Ursula) von der Leyen, y los agentes sociales sobre nuestro apoyo al plan de acción", comenta Visentini.
Añade que al día siguiente "también los Estados miembros deberían acordar una especie de declaración conjunta en la que aceptan implementar el plan".
"Todo esto es bastante prometedor para el pilar porque asegura que no se trata solo de la buena voluntad de esa o aquella Comisión, de que ese o aquel Gobierno haga algo para implementar el pilar social, sino que hay un compromiso general que implica a las instituciones europeas, los Estados miembros y los agentes sociales", señala.
PORTUGAL, UNA PRESIDENCIA SOCIAL
Portugal ha incluido entre sus prioridades implementar el pilar "como un elemento clave para garantizar una transición climática y digital justa", según recoge la web de la presidencia.
Lisboa apuesta por "dar un significado concreto al Pilar Europeo de Derechos Sociales en la vida de los ciudadanos" y por organizar la cumbre de Oporto para proporcionar "impulso político" a la implementación del documento y al plan de acción.
LA PATRONAL
Desde la patronal europea BusinessEurope, su director de Asuntos Sociales, Maxime Cerutti, dice a Efe que el plan de acción "necesita dar prioridad a medidas que apoyen el empleo y lidien con el impacto de la crisis de la COVID-19".
En ese sentido, plantea mejorar "la eficiencia" de los servicios públicos de empleo y pone el acento en mejorar la calidad y eficacia de la provisión de formación y educación vocacional, y en implicar a los empresarios en esa tarea orientada a actualizar el currículo y las habilidades de los empleados, dadas las transformaciones del mercado laboral.
Asimismo, opina que el proceso del semestre europeo, el ciclo de coordinación económica mediante el que Bruselas emite recomendaciones a los países, "debería estar en el corazón del plan de acción", pues en su opinión es "el instrumento adecuado para implementar el pilar".
También señala que las iniciativas incluidas en el plan de acción "deben llevarse a cabo en el nivel adecuado, teniendo en cuenta que la Unión Europea, los Estados miembros y los agentes sociales tienen roles claramente definidos en lo que se refiere a la política social, como está establecido en los tratados".
De hecho, subraya la importancia de tomar medidas "lo más cerca posible de los interesados", como las empresas y los trabajadores.
Igualmente, considera "esencial" que en estos próximos meses, antes de la cumbre de Oporto, la Comisión y el Consejo trabajen con los empresarios y los trabajadores para identificar cuestiones prioritarias.
"El primer escenario es que el plan de acción que va a proponer la Comisión Europea sea el resultado de un ejercicio cuatripartito en el que la Comisión, el Consejo, los empresarios y los sindicatos europeos avanzan hacia un entendimiento compartido de lo que constituye un valor añadido europeo en términos de políticas sociales y de empleo", explica, para añadir que el segundo escenario se produciría si las instituciones comunitarias proponen acciones que dividan a los agentes sociales.
LOS SINDICATOS
Desde ETUC, su secretario general, Luca Visentini, considera que, a pesar de las acciones que ha ido anunciando Bruselas, el plan de acción aún es necesario porque su organización busca "comprometer, en especial, a los Estados miembros, no solo a la Comisión, a hacer algo sobre el terreno para implementar el pilar".
Entre sus prioridades para el plan, menciona la trasposición a las legislaciones nacionales de normas sociales que ya se han acordado en el nivel comunitario.
En segundo lugar, subraya la importancia de que los legisladores comunitarios (Eurocámara y países) aprueben nuevas iniciativas, como la de salarios mínimos que la Comisión presentó en octubre. También pide una directiva sobre los trabajadores de plataformas o legislación europea sobre el teletrabajo.
Igualmente, considera necesaria una legislación europea que garantice una conducta responsable de las empresas, en particular, de las multinacionales, en lo referente al respeto de los derechos de los trabajadores, incluidos los sindicales o de protección social.
Añade que ese punto es relevante también en el contexto de los procesos de reestructuración durante la pandemia y de la transición digital y ecológica, que "no deberían dejar a los trabajadores desprotegidos" ni "conducir a grandes despidos".
"Muchas cosas deberían ser incluidas, al menos como una dirección, como una hoja de ruta", apuntala, si bien reconoce que hay "algunos Estados miembros, pero también algunas organizaciones empresariales, que son más reticentes que otros a comprometerse con la implementación adecuada".
Agrega que por ese motivo, la presidencia portuguesa "es muy prudente en el modo de proceder" y no está pidiendo a cada Estado miembro "aprobar el plan de acción", que será una comunicación unilateral de la Comisión.
Reconoce que el compromiso general con el plan de acción "es menos vinculante, pero al mismo tiempo es el único modo de lograr un consenso unánime".
Por otro lado, para dar a conocer el pilar entre la población, pide a los Gobiernos que se "adueñen" del plan de acción y la implementación tenga lugar a nivel nacional para asegurar que llega a la "realidad".
"Hay necesidad (...) de hacer entender a la gente que de todo esto puede surgir algo positivo", comenta.
Julio Gálvez
