Desestiman la demanda de 1.000 millones de Benjumea (Abengoa) contra Santander

Madrid, 23 feb (EFE).- Un juzgado de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por Inversión Corporativa, vehículo de inversión encabezado por la familia Benjumea y que agrupa a otros accionistas de Abengoa, que reclamaban 1.000 millones de euros al Banco Santander y a HSBC por la crisis del grupo sevillano.

En su sentencia, la titular del juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid sostiene que se trata de una acción extracontractual, lo que implica que el plazo de prescripción habría expirado un año después de los hechos que relata la demanda, que datan de septiembre de 2015.

Además de Inversión Corporativa, en el procedimiento también constan como demandantes las sociedades Ardachón y Finarpisa, así como el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea.

Todos ellos reclamaban una indemnización de 1.000 millones de euros al Santander y el HSBC por la ampliación de capital de 650 millones que la multinacional acometió en 2015 y que marcó el relevo en la cúpula.

Según el relato de los demandantes, el 2 de agosto de 2015 el Consejo de Administración de Abengoa acordó ampliar capital para reforzar su liquidez, debido a las consecuencias de la crisis económica que en mayo de ese año se produjo en Brasil, país en el que la compañía cuenta con negocios.

Durante varias semanas, desde la multinacional se negoció con las entidades la denominada “carta de aseguramiento”, en virtud de la cual tanto el Santander como el HSBC se comprometían a garantizar la ampliación en el caso de que el importe total no fuera colocado en el mercado.

Ese 14 de septiembre -continúan los escritos de demanda- los bancos comunicaron al Consejo de Abengoa que suscribirían el acuerdo, si bien pusieron como “condición indispensable e inexcusable” que Felipe Benjumea abandonara su cargo “para mejorar la imagen de eficiencia en la gestión de la sociedad”.

Con dicha “imposición (…) mataron a Abengoa, que quedó abocada a la Ley Concursal al hacerse pública la idea de que esta gestionada de forma irregular”.

Ante dicha condición, la firma del documento se atrasó varios días, lo que -sostienen- hizo necesaria además la apertura de una línea de liquidez de 165 millones de euros.

Estas acusaciones fueron rechazadas por los bancos, que durante la vista defendieron, entre otros aspectos, que el cese del presidente fue acordado por el propio Consejo de Administración.

La sentencia se detiene en la posible prescripción de los hechos, los cuales son extracontractuales ya que “no existió relación contractual alguna entre los demandantes y los bancos, ni negociación al objeto de suscribir la carta de aseguramiento de la ampliación de capital”.

En la práctica, prosigue la magistrada, esta clasificación supone que el plazo para emprender acciones legales prescribe en un año, por lo que ya habría concluido a la fecha en la que los demandantes iniciaron sus reclamaciones extrajudiciales, en marzo de 2018.

La polémica que rodeó la salida de Benjumea de Abengoa también estuvo presente en el juicio celebrado en 2017 en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía lo acusaba de “disfrazar” de cese una renuncia voluntaria con la que habría pretendido obtener beneficios económicos “a costa de los accionistas”.

El Ministerio Público llegó a solicitar cinco años de cárcel para él y cuatro años para el que fuera su “número dos”, el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, por los pagos de 11,4 y 4,5 millones de euros que recibieron, respectivamente, tras su marcha, poco antes de que la compañía solicitara el preconcurso en noviembre de 2015.

Finalmente la sección cuarta de la sala de lo Penal absolvió a ambos, así como a otros tres consejeros, de los delitos de administración desleal y apropiación indebida al valorar que dichas cantidades se adecuaban a la normativa legal y contractual existente en ese momento.

El fallo de la demanda, que puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, se conoce después de que Abengoa solicitara este lunes la declaración de concurso voluntario de acreedores para su matriz tras meses de negociaciones para tratar de refinanciar su deuda y reestructurar el grupo.

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