Castilla y León pide que se acelere el pago de 182 millones del IVA de 2017

Valladolid, 2 may (EFE).- La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno, a través de una misiva, que agilice el ingreso a esa comunidad de los 182 millones de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, para lo que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido diálogo y colaboración.

El pasado 27 de abril se conoció la sentencia de 19 de abril del Tribunal Supremo que estimó el recurso presentado por la Junta de Castilla y León que obliga al Estado a pagar a esa comunidad los 182 millones que se le adeudan de la liquidación del IVA del 2017, con 120,5 de forma directa y 61,5 más del nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado, en la que es la primera sentencia dictada en España al respecto.

Según ha informado este domingo la Consejería de Economía y Hacienda en un comunicado, al día siguiente, el 28 de abril, el titular de ese departamento, Carlos Fernández Carriedo, remitió una carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la que le pide "que se aceleren los trámites para el ingreso de los 182 millones de euros que se derivan de la sentencia".

El consejero ha trasladado además a la ministra la voluntad de la Junta para avanzar en la solución del pago de esta cuantía a través del diálogo y, si fuera necesario, su disposición para mantener las reuniones con el Ministerio de Hacienda que la ministra considere convenientes y en la medida en que se pueda acelerar todo el procedimiento para el ingreso de los 182 millones de euros del IVA. Asimismo, la Junta ha solicitado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El consejero finaliza la misiva agradeciendo de forma anticipada a la ministra su colaboración para agilizar este proceso, en el que ofrece la colaboración de la Administración Regional en lo que se precise.

Se trata de una resolución judicial que "puede abrir la vía a los recursos de las demás comunidades autónomas en idéntica situación, lo que supondrá para el Estado analizar el pago de hasta 4.150 millones".

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