La reforma permitirá la jubilación forzosa a cambio de un relevo indefinido

Madrid, 24 jun (EFE).- La reforma de pensiones permitirá que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo, según el borrador del anteproyecto de ley que previsiblemente se cerrará el lunes.

El Gobierno y los agentes sociales vuelven a reunirse el lunes para sellar el acuerdo con el primer paquete de medidas para la reforma de pensiones que se recogerá en el "Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social", a cuyo borrador ha tenido acceso EFE.

Según el texto, y en "aras de favorecer la prolongación de la vida laboral", los nuevos convenios colectivos no podrán establecer cláusulas "que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años".

Inicialmente el Gobierno quería impedir que los convenios pudieran forzar la jubilación, pero finalmente se podrá seguir haciendo con limitaciones para los convenios colectivos suscritos a partir de la entrada en vigor de la nueva ley prevista para enero de 2022.

Los convenios que ya tengan una cláusula de este tipo podrán seguir aplicándolas "hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada".

La norma establece una excepción en el caso de actividades donde el peso de la ocupación femenina sea inferior al 15 %.

En estos casos de sectores masculinizados, las empresas podrán obligar a jubilar a sus empleados una vez alcanzada la edad legal correspondiente y siempre que contraten de manera indefinida y a tiempo completo a una mujer.

Esta medida se suma a otras incluidas en la reforma para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema.

Entre ella, el endurecimiento de los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de los que deciden jubilarse de forma anticipada, así como los incentivos -en forma de incrementos o pagos a tanto alzado- para demorar el retiro o los cambios en la jubilación activa.

LA REFORMA NO SE APLICARÁ A LOS JUBILADOS POR DESPIDOS PACTADOS EN 2021

El texto también concreta otra medida anticipada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y es que no afecte a los despedidos en 2021 "ni después de esa fecha" si es "consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo (...) aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley".

Es decir, que los cambios no se aplicarían a los afectados por expedientes como los del BBVA o CaixaBank aunque el despido no sea efectivo este año.

Asimismo, se recupera con carácter indefinido la cláusula de salvaguarda incluida en la reforma de las pensiones de 2011, que garantizaba las condiciones de jubilación previas (más ventajosas) para las personas despedidas antes del 1 de abril de 2013.

El Gobierno del PP limitó la vigencia de esa cláusula a 2018 y los posteriores Gobiernos del PSOE y de coalición la prorrogaron para 2019, 2020 y 2021, en tanto que ahora se vuelve a recuperar de forma indefinida.

EL NUEVO MECANISMO DE EQUIDAD DEBE ESTAR ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE

Otro de los puntos clave para poder cerrar este pacto ha sido acabar con el factor de sostenibilidad, introducido en la reforma del PP de 2013 y que penalizaba las pensiones por una mayor esperanza de vida, y que en este último borrador "queda derogado expresamente".

Este punto, junto a volver a revalorizar las pensiones con la inflación, era clave para los sindicatos.

En la ley, el poder adquisitivo de las pensiones queda garantizado y se subirán en enero con una media de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

Si esa media es negativa, el importe de las pensiones se congelará al comienzo del año.

Sobre el factor, las partes se comprometen a negociar su sustitución por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027.

El proceso de negociación, plantean, se abrirá después de la firma del acuerdo para que la regulación del nuevo mecanismo pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021.

Si no se logra un acuerdo, el Gobierno regulará a su criterio el citado mecanismo para que quede definido en la nueva ley.

LOS BECARIOS COTIZARÁN Y HABRÁ UNA AGENCIA ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Junto a estos aspectos, el borrador recoge cambios para los becarios, cuyas prácticas cotizarán, aunque con una exoneración del 75 %, o el compromiso del Gobierno de aprobar en el plazo de seis meses un proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social.

Sobre los autónomos, el acuerdo señala, sin detallar tramos, que se pondrá en marcha un sistema de cotización basado en ingresos que empezará en enero de 2022, aunque sin efectos económicos hasta 2023 y con un despliegue progresivo hasta un máximo de nueve años.

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