Banco Santander pierde el juicio contra Orcel y tendrá que pagarle 68 millones

Madrid, 10 dic (EFE).- El Banco Santander tendrá que indemnizar con 68 millones de euros al banquero italiano Andrea Orcel por frustrar "de forma unilateral" su nombramiento como consejero delegado de la entidad, a pesar de que existía un contrato "válido y perfecto", según ha dictaminado un juzgado de Madrid.

La sentencia, de 22 páginas, da la razón al ahora "número dos" de Unicredit y pone un punto y aparte a un litigio que comenzó en el verano de 2019, cuando Orcel demandó por estos hechos al Santander, que recurrirá la decisión judicial, con la que está en total desacuerdo.

El italiano acusaba al banco de incumplir un contrato que la entidad, sin embargo, no reconocía al estar condicionado a varios requisitos que, posteriormente, no se incumplieron; además, en su respuesta, aseguraba que el banquero grabó sin consentimiento conversaciones privadas.

Más de dos años después, el juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid estima la demanda de Orcel, que poco antes del juicio rebajó la cantidad inicial solicitada, 112 millones de euros, y renunció a su principal pretensión, ser nombrado "número dos" del banco.

En el veredicto, fechado el 9 de diciembre pero conocido este viernes, el magistrado se detiene, en primer lugar, en la polémica "carta-oferta" firmada por Orcel y el Santander, y afirma que "constituye un contrato válido y perfecto" en tanto que contiene "oferta de una parte, aceptación de otra" y el consentimiento de ambas.

En este punto, se hace eco de las declaraciones "especialmente elocuentes" de la presidenta del banco, Ana Botín, en sus redes sociales.

El juez recoge varias publicaciones en las que Botín anunciaba el nombramiento de Orcel como consejero delegado "con efectos a partir de comienzos de 2019", e incluso una entrevista en un medio especializado en la que alababa al banquero por su gestión "entre diferentes culturas" y su experiencia.

A raíz de estas palabras, el titular del juzgado considera que lo suscrito entre el italiano y el Santander fue un contrato perfectamente válido, y entra a profundizar en las causas por las que finalmente no se culminó el fichaje.

Se remite así a la comunicación al mercado del 15 de enero de 2019, en la que se informaba de que el Consejo de Administración del banco había dejado sin efecto el nombramiento de su nuevo consejero delegado.

Justo un mes antes, la Comisión de Retribuciones había reconocido contactos con Orcel para reducir la compensación máxima, después de descubrir que UBS, entidad de la que procedía el banquero, no tenía la intención de asumir el "bonus" pendiente de su anterior puesto como ejecutivo.

Pero al no prosperar las conversaciones, el Santander dio marcha atrás a la contratación al constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido del italiano de siete años, un precio que fue calificado de "inaceptable" por la propia Botín, y que, en teoría, no había sido posible anticipar.

En su relato, el juez toma en consideración los testimonios de testigos como el presidente de UBS, Axel Weber, que durante la vista explicó que cuando el Santander quiso fichar a Orcel conocía todas las condiciones, incluido que los ejecutivos que se iban de forma voluntaria perdían el derecho a recibir retribuciones diferidas.

Es más, afea que el banco español dijera que Orcel nunca tuvo intención de que UBS asumiera parte de sus incentivos, pues no queda acreditado que no hiciera "los mejores esfuerzos" para conseguirlo.

El magistrado recupera una decena de correos intercambiados con Botín en los que el banquero informaba de su negociación con la entidad helvética.

"Yo sigo esperando que con un último esfuerzo cuando se den cuenta de que ya no hay manera de pararme, hagan lo razonable", decía en uno.

67,8 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN

Por ello, el juez determina que el Santander resolvió "de manera unilateral e injustificada" el contrato, en contra de los principios legales, "con las ineludibles consecuencias" que ello conlleva.

El fallo obliga al banco a desembolsar 67,8 millones de euros, de los que 35 millones corresponderían a la asunción de incentivos a largo plazo; 17 millones, al bonus de incorporación; 10 millones, a una indemnización de daños morales y reputacionales, y 5,8 millones, a dos anualidades del salario de Orcel, recogido en la cláusula de retribución objetivo anual.

Esta última cuantía, detalla la sentencia, se debe a las casi dos anualidades que Orcel estuvo en paro, entre el 1 de abril de 2019, en que "pudo y debió comenzar a trabajar como consejero delegado del Santander", hasta el 15 de abril de 2021, en que fue contratado para el mismo puesto en Unicredit, el mayor banco de Italia por volumen de activos.

LA INTRAHISTORIA

El veredicto, que ya apunta a ser objeto de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, culmina uno de los procesos más mediáticos de este 2021, como se vio durante el juicio oral, cuyas sesiones fueron pospuestas en varias ocasiones.

Entre otros motivos, el visto para sentencia se demoró ante los problemas de agenda del presidente de UBS, que compareció finalmente por videoconferencia ante la insistencia de Orcel y que se ha convertido en un testigo clave del caso.

Al margen de este procedimiento, la disputa llegó a saltar al terreno penal, por la querella por presunta falsedad en documento mercantil u oficial y estafa procesal que el italiano interpuso contra el Santander, y que fue rechazada por la justicia madrileña al no apreciar delito alguno.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe informan de que, recientemente, la Audiencia Provincial ha cerrado definitivamente esta vía al no existir ninguna novedad sobre los hechos denunciados, y porque, según la sala, "el derecho a la tutela judicial efectiva no puede confundirse con el derecho a que las decisiones de los tribunales sean satisfactorias para los litigantes".

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