Podemos quita su firma de ley del movimiento de vivienda, que no se tramitará

Madrid, 14 dic (EFE).- El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley de garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada que elaboraron más de 120 organizaciones sociales -lo que impide su tramitación parlamentaria-, de la que Unidas Podemos (UP) ha retirado su firma a petición del PSOE.

No obstante, UP ha votado a favor, igual que Más País, EH Bildu, ERC, CUP, Compromís y BNG, partidos junto con los que la registró el pasado 30 de septiembre.

Por su parte, el PSOE, el PP, PNV, Ciudadanos (Cs) y Vox han votado en contra y Junts, Nueva Canarias y Teruel Existe se han abstenido.

Fuentes de Podemos han indicado que han votado a favor de esta 'ley alternativa' por su "compromiso con los colectivos de vivienda", pero que han retirado la firma (después de que los socialistas se lo pidieran) como "muestra de compromiso también con la ley del Gobierno, para no darle al PSOE ninguna excusa para romper el acuerdo".

Para ser tramitada, la iniciativa necesitaba del apoyo del PSOE, que no se lo ha dado por considerar que "no respeta el marco constitucional, invade competencias autonómicas y bordea otros derechos constitucionales", además de porque el Gobierno ya tiene listo su anteproyecto, ha explicado el diputado Ignacio López Cano.

Desde el grupo socialista señalan que Podemos ha retirado su firma porque era "incoherente" mantenerla y sostienen que la propuesta de las organizaciones sociales "choca frontalmente" con el anteproyecto del ejecutivo.

Durante el debate, la diputada del PP María Zurita ha acusado a Podemos de "dejar tirados" al resto de partidos de izquierdas y ha aseverado que "firme quien firme" su grupo le da al texto "un no como una casa, por el intervencionismo y la inseguridad jurídica que genera", mientras que Juan Ignacio López-Bas (Cs) ha hablado del "efecto Sánchez" y de que su "múltiple personalidad les está haciendo efecto" a los morados.

La representante de Podemos que ha subido a la tribuna, Pilar Garrido, no ha hecho ninguna referencia a que su grupo haya dejado de respaldar con su firma la iniciativa del movimiento social y ha dicho que toma "buena nota de sus propuestas" y que cree que "muchas de ellas mejorarán el proyecto de ley de vivienda".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha arremetido contra la "izquierda cobarde que se pone del lado de los grandes propietarios y no de las familias" -en alusión al PSOE-, mientras que la representante de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha opinado que el anteproyecto del Gobierno "se queda corto" y que hay que "aunar los dos proyectos en una buena ley de vivienda".

Para el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, se trata "acercarse a los modelos exitosos de París, Nueva York o Viena".

Errejón ha argumentado que, de cada cinco casas que se venden, solo una está destinada a ser un hogar y el resto es "para la especulación e inflación de precios", lo que "distorsiona" el mercado, que no es que esté desregulado, sino que está "regulado a favor de los rentistas", por lo que es necesaria una "regulación que equilibre la balanza".

Entretanto, Joan Baldoví (Compromís) ha afeado al diputado de Vox y promotor inmobiliario Iván Espinosa de los Monteros su condena, ratifica por el Tribunal Supremo, por "dejar de pagar parte de las obras de su lujoso casoplón de cuatro plantas y 542 metros cuadrados que okuparon con K sin licencia del ayuntamiento", a lo que el aludido ha replicado que su casa no tiene cuatro plantas, sino cinco.

Su compañera de Vox, Cristina Alicia Esteban Calonje, ha apostado por una ley que defienda a los propietarios, incluido -ha dicho- al "latifundista valenciano Baldoví, con sus dos mansiones y sus tres latifundios, y a Gabriel Rufián, con su nuevo chalé de Sabadell".

La proposición de ley que redactaron organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el sindicato de Inquilinos y Nadie Sin Hogar, propone sanciones de hasta 900.000 euros por no aplicar en los contratos de alquiler de vivienda de zonas tensionadas los límites en el precio que se establezcan.

La iniciativa, de más de cien páginas, regula de manera detallada el mercado del alquiler, contiene medidas para evitar los desahucios y garantizar los suministros de gas, luz y agua, penaliza las viviendas vacías (con recargos del 75 % al 300 % en el IBI y cesión obligatoria para grandes tenedores), permite cancelar deudas hipotecarias por sobreendeudamiento y devuelve a las socimis al régimen fiscal general.

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