La reforma laboral, estancada a menos de mes de su ratificación

Madrid, 11 ene (EFE).- La convalidación del decreto de la reforma laboral que debe votarse en el Congreso está en el aire, toda vez que el Gobierno y sus socios parlamentarios no se ponen de acuerdo sobre si se debe tramitar o no por la vía de enmiendas, con lo que el decreto está estancado a menos de un mes de su debate.

El Congreso deberá convalidar o derogar el decreto ley de reforma laboral pactado por el Gobierno y los agentes sociales (patronal y sindicatos) antes del 4 de febrero, fecha en la que vence el plazo para poder ratificar o no ese decreto.

A menos de un mes de su debate, el Ejecutivo insiste en que la norma aprobada por el Consejo de Ministros cuenta con el consenso social y no debería tocarse, por lo que reitera que no debe tramitarse como proyecto de ley. En frente los socios parlamentarios que consideran la reforma laboral acordada insuficiente y piden profundizar en el ámbito de los convenios, de los salarios de tramitación o en las indemnizaciones por despido.

ERC, EH Bildu y PNV han vuelto a avisar este martes de que la reforma laboral debe ser modificada en el Parlamento, ya que de lo contrario votarán en contra de su convalidación y se sumarían así a los votos negativos del PP y Vox.

Mientras la diputada del PNV Josune Gorospe ha dicho en una entrevista en Onda Vasca que el Ejecutivo debe "actuar por la vía de los hechos" y salvaguardar la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales si quiere su apoyo, ERC y EH Bildu tampoco ven avances.

De hecho, los republicanos catalanes han desmentido que hayan tenido contactos o conversaciones recientes con el Gobierno o con el grupo socialista para negociar la tramitación de la reforma laboral y fuentes de ERC han declarado a Efe que parece que "no están dispuestos a negociar, que es lo primero".

ERC ha mostrado su malestar porque en los últimos nueve meses solo ha habido contactos informativos sobre la reforma laboral pero ninguna negociación a partir de su aprobación en el Consejo de Ministros.

"Estamos en la no convalidación si no hay cambios importantes", advierten tras reiterar que es "absolutamente necesario" modificar los convenios autonómicos para que prevalezcan sobre los estatales o cambiar las indemnizaciones vinculadas a la causalidad de los despidos.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que se pondrán en contacto con todos los grupos parlamentarios empezando por los "aliados".

"Nuestra cultura es la del diálogo y la de hablar con todos", ha insistido Bolaños tras el Consejo de Ministros, aunque ha puntualizado que "las relaciones laborales las tienen que regular los protagonistas, que son los empresarios y los trabajadores" y "quien no se sume tendrá que explicarlo".

El PNV y EH Bildu ya han admitido que hay conversaciones y reuniones previstas para esta semana, "pero de momento pocos avances, por no decir ninguno", han afirmado a Efe fuentes de la formación abertzale en el Congreso que advierten de que "de mantenerse tal cual" el decreto ley no contará con su apoyo.

Un no al que se sumarán el PP y Vox, pese a que los populares han dicho que votarán a favor de la tramitación con enmiendas y no temen que de ser así el decreto pueda introducir peticiones de ERC, EH Bildu o PNV para derogar incluso otros artículos de la reforma laboral del PP de 2012.

Ciudadanos también lanza un aviso: mejor esta reforma que empeorarla vía enmiendas. La formación que lidera Inés Arrimadas no ve con malos ojos el decreto y considera que respeta hasta un 95 % la reforma de 2012.

"Es una ligera reforma y los pasos que da podemos estar de acuerdo", señalan fuentes de la formación naranja cuando se refieren a la reducción del número de contratos o a medidas para atajar la temporalidad.

Ciudadanos ha tendido la mano al Gobierno y afirma que si les aseguran "que se queda como está", estarían más en la abstención.

No obstante, si se abre la vía de tramitarlo como un proyecto de ley, como pedirá el PP, la formación naranja introducirá enmiendas dirigidas al contrato único, a ampliar la formación profesional o a introducir la denominada mochila austríaca.

Este sistema con aportaciones mensuales de las empresas y del Estado para que los trabajadores tengan un fondo de capitalización que harían efectivo en caso de despido, cambio de empresa o jubilación ya se aprobó en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso con motivo de la pandemia y fue incluido en el dictamen que aprobó el Pleno del Congreso.

Lo cierto es que el decreto debe ser votado antes del 4 de febrero y de momento cuenta con más noes que síes.

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