Los expertos a favor de subir los impuestos a los carburantes

Madrid, 3 mar (EFE).- Los expertos que forman el comité para la reforma fiscal proponen subir la fiscalidad de la gasolina y el diésel, así como establecer un tipo mínimo en los impuestos de patrimonio y sucesiones, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya descartado cualquier subida de tasas a corto plazo.

"No es justamente en esta semana un momento en el que vayamos a plantear hacer de manera inmediata ninguna subida fiscal", ha señalado Montero en el acto de entrega del libro blanco para la reforma tributaria, un documento de casi 800 páginas que recoge diez meses de trabajo de 17 expertos y que debía servir de base para la reforma fiscal.

El propio presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, ha admitido que la eventual implementación de las medidas tendrá que acompasarse a la situación económica y el impacto de la guerra en Ucrania, aunque ha valorado que el documento "puede ayudar a un proceso de reforma fiscal".

15.023 MILLONES DE IMPUESTOS AMBIENTALES

Entre las propuestas del libro blanco destacan los tributos ambientales, en los que España va "muy retrasada" y con los que se podrían recaudar hasta 15.023 millones de euros adicionales.

El informe plantea una subida general de los impuestos de hidrocarburos -en especial el gas natural y los carburantes, pero también de aviación, marítimo y agrario-, así como la equiparación de la tributación del diésel y la gasolina.

Solo los cambios en la gasolina y el diésel recaudarían hasta 6.850 millones, pero también apuestan por reformar los impuestos de matriculación y circulación para fomentar los vehículos de menores emisiones.

A esto se suma la creación de una tasa sobre los billetes de avión de 7,85 euros -que permitiría recaudar 952 millones- y gravar el uso de autopistas y autovías mediante peajes electrónicos -1 céntimo para vehículos y entre 3 y 4,9 céntimos por kilómetro, con lo que se recaudaría entre 1.172 y 1.398 millones-.

En cambio, plantean suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y modificar el impuesto especial de electricidad para que su base imponible esté ligada al consumo, unas medidas que permitirían un ahorro de 2.700 millones para incentivar la electrificación.

ARMONIZAR LA FISCALIDAD PATRIMONIAL

Los expertos plantean mantener los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones, aunque fijando un mínimo que no podrían eliminar las comunidades autónomas para evitar el "vaciamiento" que, según Ruiz-Huerta, se está haciendo de estos tributos.

Las comunidades autónomas mantendrían su autonomía para modificar los tipos y establecer bonificaciones, aunque con ciertas limitaciones para garantizar un "equilibrio" competencial.

También plantean elevar los mínimos exentos y suavizar la escala del gravamen, junto a medidas más concretas como eximir de tributación la herencia de la vivienda habitual cuando el heredero ya viva en ella.

LOS EXPERTOS PIDEN SUBIR EL IVA A LAS BEBIDAS EN RESTAURANTES

En materia de IVA, el informe propone elevar del 10 % al 21 % el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas en restaurantes y avanzar hacia un tipo único de IVA, aunque reconoce que es un cambio socialmente complicado.

En caso de que se lograra eliminar los tipos reducido y superreducido, el general podría bajarse al 15 % y se tendría que compensar a los hogares vulnerables por el aumento de los precios. También pide bajar al 4 % los productos de higiene íntima femenina.

Dentro de las propuestas relativas a la imposición a empresas, el informe plantea eliminar el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y crear una tasa local por ocupación de dominio público en la entrega a domicilio de paquetería.

Para fomentar la economía colaborativa, los expertos proponen eximir de tributación actividades como el intercambio de casas, los vehículos compartidos o la venta de bienes usados de pequeña cuantía, que están sujetos a impuestos aunque en la práctica no se abonan.

Los expertos también proponen que los contribuyentes de IVA de menos de 3.000 euros anuales queden exentos de las obligaciones ligadas al impuesto, lo que beneficiaría a unos 500.000 contribuyentes y tendría un impacto en la recaudación de unos 228 millones de euros.

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