El TJUE cierra la puerta a que los accionistas del Popular reclamen al Santander

Bruselas, 5 may (EFE).- Los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución del Banco Popular no pueden reclamar compensación al Banco Santander basándose en que recibieron información defectuosa al adquirir esos títulos antes de la disolución, según sentenció este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La máxima corte europea da así la razón al Banco Santander, heredero de las cientos de demandas presentadas por los accionistas que perdieron su inversión en la resolución del Popular, ordenada en 2017 por las autoridades europeas ante los problemas de la entidad, que se saldó con la amortización a cero de todas sus acciones y su venta al Santander por un simbólico euro.

El veredicto emitido hoy es crucial para dirimir buena parte de las que se juzgan en España, ya que en diciembre el Tribunal Supremo había paralizado todos los procedimientos a espera de que se pronunciase el TJUE después de que el Abogado General apostase ya por cerrar la puerta a las reclamaciones.

La corte ha seguido hoy el criterio del letrado al responder a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de La Coruña sobre el caso de dos clientes que habían adquirido acciones en la ampliación de capital del Popular de 2016 y, tras la resolución de la entidad, reclamaron compensación alegando que el folleto de esa emisión contenía información defectuosa.

En esencia preguntaba si las normas bancarias europeas adoptadas tras la crisis financiera, que exigen que accionistas y acreedores sean los primeros en sufrir pérdidas en caso de resolución, se oponen a que los accionistas que compraron títulos antes de la disolución puedan reclamar después debido a esta información errónea y ser indemnizados.

En su sentencia, el TJUE responde que las directivas europeas aplicables "se oponen" a que con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital de una entidad de crédito objeto de una resolución, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por dicha entidad antes del inicio de la resolución, ejerciten, contra esa entidad o la que la suceda, una acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto.

También se oponen a que ejerciten una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones que, por su efecto retroactivo, daría lugar a la restitución del contravalor de tales títulos más los intereses devengados desde la fecha de celebración del contrato, señala el veredicto.

En su argumentación, la corte recuerda que las normas europeas de resolución estipulan que acreedores y accionistas deben soportar prioritariamente las pérdidas en una resolución para evitar que se usen fondos públicos y subraya que la resolución es un procedimiento excepcional, que solo se usa en situaciones de máxima urgencia y si esta justificado por un interés general superior.

Este carácter excepcional implica que pueden no aplicarse otras normas europeas, en este caso las de protección de los accionistas que recibiesen un folleto erróneo, porque frustrarían la propia resolución y los objetivos que persigue la directiva bancaria.

"Si bien existe un claro interés general en garantizar en toda la Unión una protección fuerte y coherente de los inversores, no puede considerarse que ese interés prevalezca en todo caso sobre el interés general consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero", apunta el TJUE.

Los jueces señalan, no obstante, que el Derecho europeo prevé una salvaguarda que permite que si los accionistas y acreedores afectados por una resolución sufrieron más pérdidas con esta operación de las que hubieran tenido en una liquidación ordinaria puedan reclamar ante la justicia la devolución de la diferencia.

Sin embargo, la Junta Única de Resolución concluyó en 2020 que una liquidación ordinaria habría generado pérdidas superiores a los 11.400 millones de euros que se perdieron con la resolución y, por tanto, no cabe indemnización.

Y el TJUE desestimó el año pasado recursos presentados por grandes fondos de inversión afectados por la resolución que pedían realizar una nueva valoración de estas pérdidas.

Los tribunales europeos aún deben dirimir algunos recursos que piden, directamente, anular la resolución ordenada por la JUR.

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