El Banco de España propone compartir el gasto de la guerra entre los países europeos

Madrid, 1 jun (EFE).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha abogado este miércoles por "una respuesta fiscal común" de los países de la Unión Europea a los efectos de la guerra en Ucrania, que incluya "la mutualización del gasto público".

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, Hernández de Cos ha señalado que la guerra elevará el gasto público y que estas perturbaciones "podrían ser abordadas de forma más adecuada a través de un refuerzo de la coordinación entre países" europeos.

El gobernador ha repasado en su intervención algunos de los retos que afronta la economía española, que son "de una enorme envergadura", por lo que requieren de una política económica "decidida" y "grandes consensos políticos y sociales".

Así, Hernández de Cos ha instado a analizar los efectos de la reforma laboral desde distintos puntos de vista, entre ellos el desarrollo profesional de los empleados en empresas de trabajo temporal, el efecto de la rotación sobre el capital humano o la evolución del desempleo.

También ha pedido vigilar el funcionamiento del nuevo mecanismo RED, en especial en la reasignación de recursos entre empresas y sectores, y asegurar una estrategia integral de reciclado de habilidades de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral.

Otro reto es el acceso a la vivienda -en ese sentido, ha insistido en que el control de alquileres podría ser "contraproducente"- y ha abogado por vigilar el mercado de vivienda ante el efecto que la inflación puede tener sobre la capacidad económica de las familias y las condiciones financieras.

El gobernador ha insistido en la necesidad de implementar un plan de consolidación fiscal una vez superada la pandemia y la guerra, ya que el actual nivel de deuda pública supone una "fuente de vulnerabilidad".

Ha advertido de que la ratio de deuda seguirá al alza si no se implementa "un plan de ajuste fiscal ambicioso". Por ejemplo, si el saldo estructural se reduce 0,5 puntos de producto interior bruto (PIB) cada año, se podría reducir deuda al 82 % del PIB en 2040.

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