Fomento accede a paralizar el trámite parlamentario de la Ley de Puertos
Según declaraciones del consejero canario de Obras Públicas, Juan Ramón Hernández, recogidas por el diario “Canarias 7”, el ministro de Fomento, José Blanco, ha decidido paralizar el trámite parlamentario de la nueva Ley de Puertos hasta encontrar una fórmula técnica que permita a las Islas Canarias mantener la actual bonificación de las tasas portuarias. La secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, ha asegurado que el Gobierno central tiene “la máxima voluntad política de solventar la situación para que las Islas no pierdan competitividad”. Tras reunirse con Hernández, la secretaria de Estado adelantó que su departamento realizará inmediatamente un estudio para determinar de qué forma se pueden salvar las ayudas que desaparecen en el Proyecto de Ley estatal sin generar el rechazo de Bruselas. “Tenemos que ver si es mejor mantener las bonificaciones o sustituirlas por un mecanismo de coeficientes reductores, para que no haya ningún cuestionamiento jurídico”, señaló. Para darse el margen de tiempo suficiente, el ministerio de Fomento y el Ejecutivo regional acordado para lizar la Ley postergando cuando sea necesario su trámite parlamentario, mediante la ampliación del plazo de enmiendas.
Por su parte, el consejero canario se mostró satisfecho con la receptividad de C. Gutiérrez ante la demanda de Canarias: “Hemos hecho avances importantes. Está claro que el ajuste técnico no es fácil, pero contamos con la disposición del ministerio de paralizar la Ley hasta que encontremos una solución.” Hernández considera “imprescindible” mantener las bonificaciones a las tasas de los puertos canarios para evitar un considerable incremento en los precios de las mercancías y del transporte marítimo de pasajeros.
Como es sabido, el origen de este asunto está en la denuncia de una empresa naviera alemana tras la cual la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que mantiene que algunas de dichas bonificaciones son contrarias al derecho comunitario. La CE, no satisfecha con la contestación del gobierno español, decidió en enero de este año denunciar a España ante el Tribunal de Luxemburgo. Según Hernández, “a día de hoy, el Gobierno estatal no ha hecho llegar al Gobierno canario dicha denuncia, de la que, informalmente, tenemos conocimiento.” El consejero aseguró que, en varios puntos de la denuncia, la CE expone que el Gobierno de España “no defiende suficientemente el carácter no discriminatorio de las bonificaciones”.
Fuente: ANAVE
