FER acoge con optimismo la nueva normativa de gestión de residuos

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha acogido con optimismo el Real Decreto de garantías financieras en la gestión de residuos que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Esta nueva normativa pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones de aquellos actores involucrados en procesos de producción y gestión de deshechos.

La directora general del FER, Alicia García-Franco ha señalado que esta medida “servirá para evitar la disparidad de criterios entre las comunidades autónomas y, por tanto, unificará el modo en el que los operadores de residuos deberán constituir instrumentos financieros que ayuden a las personas o empresas que puedan verse afectadas como consecuencia de la actividad de las instalaciones de tratamiento de residuos, a resarcirse por los daños o pérdidas que puedan sufrir en sus bienes”.

El texto define los criterios exigibles para productores y gestores de residuos, y concreta los aspectos financieros como el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones, su plazo de vigencia y todas las cuestiones implicadas en los procesos.

Responsabilidades

“El real decreto supondrá acabar con las distintas ordenanzas de las comunidades autónomas en cuanto a la determinación de los sujetos obligados a la constitución de las garantías financieras y, por tanto, habrá una unificación. Pero, lamentablemente, en esa unificación de los sujetos obligados se impondrá la constitución de garantías financieras a operadores que, según la legislación hasta ahora vigente, no están obligados”, ha añadido la directora general de FER.

Financiación

En lo relativo a los instrumentos financieros que se pueden utilizar, “vemos positivo que se unifiquen las posibles figuras en todo el territorio y no dependa de cada administración competente decidir cuáles considera válidos, así como que esa uniformidad se extienda al cálculo de la cuantía de las garantías para evitar desigualdades entre los operadores en función de su ubicación”, ha explicado García-Franco, “pero hemos detectado que esa uniformidad se ha establecido al alza, lo que derivará en garantías más elevadas a muchos operadores”.

Además, “siguiendo con este criterio por el cual vemos positiva la uniformidad, nos cuesta entender que en última instancia se le haya dado un carácter subsidiario, debido a que estos criterios pueden ser modificados por las normas específicas de los distintos flujos de residuos, y desde FER consideramos que es preferible y más operativo tratar a todos los flujos y a todos los gestores por igual”, ha precisado García-Franco.

La directora general del FER ha puesto en valor la aparición de modelos de certificado de aval , de seguro de caución y de seguro de responsabilidad civil, respectivamente, para justificar ante las autoridades su formalización.

“En diversas ocasiones las administraciones rechazaban los certificados expedidos por las compañías, dándose la paradójica situación de que por un lado la Administración no consideraba correcto el certificado expedido por la compañía y exigía utilizar su modelo y, en otras ocasiones, era la compañía la que no consideraba admisible el modelo de la consejería” ha explicado García-Franco.

Sin embargo, el real decreto sigue estableciendo la primacía del modelo impuesto por la autoridad competente en caso de que lo haya “y eso dificulta a los gestores de residuos la operativa con las compañías porque volvemos a encontrar la posibilidad de que haya diferentes modelos y de que éstos no sean del agrado de las compañías. En un real decreto con un objetivo unificador hubiera sido preferible un modelo único en todo el territorio que fuera fácilmente conocido y utilizado por todos”, ha concluido la presidenta de la Federación.

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