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El Gobierno busca modificar el mercado energético motivado por el alza de la luz

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, propuso el jueves pasado un paquete de medidas para abordar de manera inmediata el elevado precio de la luz, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012, y la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción. Aunque son medidas de carácter urgente, los expertos dudan de la eficacia real de las mismas en lo que al impacto real sobre el consumidor se refiere, porque la reducción del precio final será muy reducido como para que sea significativo. No obstante, parece que estas medidas de urgencia para atajar la escalada del precio de la luz es sólo el principio de cambios de mayor calado.
En una comparecencia parlamentaria a petición propia, Ribera ha subrayado la “clara voluntad” del Gobierno de España de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. “No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura”, ha señalado la ministra.

Progresar en la descarbonización
Uno de los aspectos más relevantes de estos últimos días es la intención del Gobierno de avanzar en la descarbonización para recuperar el “impacto positivo” que ejercen las renovables en el precio de energético. De esta manera, el Ministerio propondrá un conjunto de medidas de choque que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, mejorar la eficiencia energética y promover las energías renovables. Entre ellas, el Ministerio considera imprescindible solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los llamados PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.
“España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales”, ha apuntado la ministra.
En su comparecencia, Ribera también ha hecho referencia a medidas de actuación preferente en materia de ahorro y eficiencia energética como, por ejemplo, incorporar nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público.
La ministra ha hecho hincapié en hacer del autoconsumo –y en especial, del autoconsumo compartido–, una realidad que reducirá la factura eléctrica porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final.
No obstante, la ministra es consciente de que el problema de las alzas desmesuradas del precio de la luz, situación que ha motivado estas últimas medidas, requieren un cambio profundo del actual mercado energético español. En este sentido, Ribera ha subrayado la necesidad de acometer medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado y destacó tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento.
“Estamos caminando hacia un modelo energético muy diferente, más plural, y que será positivo para el medio ambiente, la salud pública y la modernización de la economía”, ha apuntado la ministra. “Los cambios están en marcha, y aunque vamos tarde, tenemos la clara voluntad de impulsarlos”, ha añadido.
Definir objetivos ambiciosos de generación a partir de energías renovables resulta imprescindible, pues no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad. Ribera ha recordado que el Ministerio trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía “en blanco” por el anterior Ejecutivo.

Proteger al consumidor
Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica propone medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.
Ribera ha incidido en que “la prioridad” del Ejecutivo es la protección a los consumidores más vulnerables. Por ello, entre las medidas de choque planteadas, se dará continuidad al actual bono social de electricidad, pero introduciendo con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementarán la protección y facilitarán el acceso al mismo. Además, se creará otro bono social para calefacción.
Asimismo, el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.

Sobre José Henríquez

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