El Gobierno baraja suspender impuestos ante un precio de la luz en máximos históricos

El Gobierno baraja suspender impuestos ante un precio de la luz en máximos históricos, tal y como ya hiciera en 2018, cuando suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7% y desactivó el denominado «céntimo verde» para los combustibles destinados a la producción eléctrica. Este miércoles el precio medio diario de la electricidad ha sido el tercero más caro de la historia, situándose en 94,63 €/MWh, y se acerca al segundo más alto, 94,99 €/MWh, que se produjo en medio de la tormenta Filomena, el pasado enero de este año.

Ha sido este mismo miércoles, cuando la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en contestación a una interpelación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, afirmó que «no es descartable que ante una situación tensa, como la actual, haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento», al tiempo que también confirmó que el Gobierno ya trabaja en una «reforma seria de la fiscalidad energética». En su intervención, Ribera manifestaba que se podría suspender «alguno de los elementos fiscales, con carácter excepcional y provisional», para facilitar a los consumidores hacer frente a una factura que se ha encarecido por el incremento de los costes de los combustibles fósiles, de los que ha dicho que hay que ir deshaciéndose.

La ministra también ha defendido la reforma para minorar los beneficios que están obteniendo centrales no contaminantes anteriores a 2005 por los altos precios de los derechos de emisiones de CO2, y ha apuntado que casi el 90 % de la electricidad que se produce en España no tiene que pagar esos derechos, pero sí se beneficia del alto precio que marcan las tecnologías que sí los pagan, como los ciclos combinados que utilizan gas como combustible. Un gas que ahora mismo está impulsando fuertemente los precios eléctricos porque este también está al alza. Ha añadido que ésta bien que los inversores tengan rentabilidad, pero no es razonable que la transición hacia un nuevo modelo energético «la paguen los más débiles».

Experiencia en 2018
Ante la subida que experimentaron los precios de la electricidad en agosto y septiembre de 2018, el Gobierno de entonces adoptó una serie de medidas, entre ellas la suspensión por seis meses del impuesto a la generación eléctrica del 7% e introdujo una exención en el Impuesto de Hidrocarburos, para desactivar el gravamen conocido como «céntimo verde» en los combustibles para producción eléctrica. En ese momento, la propia ministra Ribera explicó que la suspensión de esos dos impuestos tendría un impacto en torno al 4 % sobre la factura de los consumidores domésticos.

El impuesto a la generación eléctrica nació con la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 27 de diciembre de 2012, que elaboró el gobierno del PP para luchar contra el déficit de tarifa (desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema), en un momento en el que el sistema acumulaba 24.000 millones de euros de deuda. Las compañías eléctricas se opusieron siempre a este impuesto, que el Tribunal Constitucional concluyó en julio de 2018 que no vulneraba ningún precepto constitucional.

El «céntimo verde», por su parte, es un gravamen pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, pero tiene el efecto de encarecer los precios de la electricidad en el mercado mayorista cuando tecnologías como el gas fijan los precios.

Los costes de CO2 para la industria
Además, Teresa Ribera ha anunciado que para paliar los efectos que está teniendo en la industria el encarecimiento de los derechos de CO2 el Gobierno generará en las próximas semanas un crédito adicional de 100 millones de euros para la compensación de esos costes.

En este sentido, la ministra, que ha señalado que los industriales españoles que ya compran electricidad para 2022 y 2023 lo harán más barato que en Francia y Alemania, ha apuntado que en los dos últimos años y medio el diferencial de precios con Alemania se ha reducido en un 75 % y en el caso de Francia la diferencia ya es positiva para España, descontadas las distorsiones de precios que está habiendo en los últimos días.

Los anuncios de la ministra se producen en un momento de escalada de los precios en el mercado mayorista eléctrico -en el que casan sus ofertas los generadores de energía- por la subida del gas natural y de la cotización del CO2, que ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor el 1 de junio de un nuevo sistema de tarifas.