Un proyecto europeo busca la protección de los `intangibles´ de la agricultura

Provide busca asesorar a las administraciones públicas para apoyar la toma de decisiones que contribuyan a proteger todos los valores sociales y ambientales que genera la actividad agrícola.

La actividad agraria presenta una relevancia capital para la sociedad europea, aunque ello no suele visibilizarse en los indicadores macroeconómicos. Al margen de alimentos y otros productos que pueden comercializarse en el mercado, la agricultura es responsable de generar otros valores que, si bien no pueden tener precio o intercambiarse, son fundamentales para la ciudadanía.

La agricultura produce ciertos bienes que son difíciles de cuantificar, como, por ejemplo, la biodiversidad, los paisajes, las alternativas de ocio o la fijación de dióxido de carbono. Además, también contribuye a generar vitalidad en zonas rurales, las cuales estarían más despobladas si cesara esta actividad. Por sus características, todos estos bienes se pueden considerar bienes públicos y el hecho de que no tengan precio no quiere decir que no sean importantes.

Paradójicamente, los sistemas agrarios que generan esta serie de bienes públicos en mayor cantidad a menudo suelen tener asociados problemas de baja rentabilidad económica, lo que pone en peligro su continuidad y, por tanto, la generación de estos servicios fundamentales. Ante este contexto, la nueva Política Agraria Común (PAC) de la U.E. continuará implementando reformas destinadas a la mejora en la provisión de estos bienes, empleando, entre otras medidas, pagos por la provisión de los mismos.

Aquí es donde, precisamente, entra en juego Provide, un proyecto de investigación en el que ha participado la Universidad de Córdoba y que pretende proporcionar herramientas para que las administraciones públicas respalden la provisión inteligente de bienes públicos y servir de apoyo en la toma de decisiones políticas para la valorización de esta otra provisión agraria.

Según destaca el catedrático José Antonio Gómez Limón, uno de los autores principales de la investigación, `nuestros clientes son los gobiernos, ya que demandan información para tomar decisiones de forma más eficiente´. Para ello, el proyecto, en el que también ha participado el investigador Anastasio Villanueva, ha realizado distintas investigaciones para generar información relevante sobre los costes y beneficios de estos bienes que están fuera del mercado.

Concretamente, de los distintos sistemas agrarios relevantes desde la perspectiva de los bienes públicos, el grupo ha realizado un caso de estudio para el olivar de montaña. En este sentido, tal y como indica Gómez Limón, uno de los resultados más importantes ha sido el de desarrollar una propuesta concreta de programa medioambiental que, “con un presupuesto similar al que ahora se está dotando para este sistema agrario, permitiría que los agricultores siguieran obteniendo esta ayuda, pero produciendo más bienes públicos”.

Por otro lado, se ha realizado un mapeo a nivel europeo sobre la oferta y la demanda de distintos bienes. En el caso de Andalucía, se comprobó que había determinados puntos en la dehesa y en el olivar de montaña en los cuales se producían estos bienes a un nivel más elevado que la media. Precisamente, se trataba de lugares asociados a una agricultura extensiva, y es que, tal y como indica el investigador Villanueva, en los sistemas intensivos, en los que la producción agraria es más elevada a costa de un mayor uso de recursos, “los costes de oportunidad son mayores, lo que implica que, si el agricultor decide mejorar la provisión de bienes públicos, en buena medida estará perdiendo más ingresos”. El mapeo, además, también ha servido para determinar aquellos puntos en los que sería necesaria una acción política para mejorar el potencial estos bienes. Por ejemplo, tal y como indica Gómez Limón, el sistema de regadío en Andalucía tiene un potencial de mejora importante.

En definitiva, el proyecto, en el que han participado catorce universidades europeas y centros de investigación, está destinado a la transferencia de conocimiento hacia las administraciones públicas para que ayuden a que el sector agrario contribuya en mayor medida a mejorar el bienestar de la sociedad, no sólo en su rol de suministrador de alimentos, sino también en su función de proveer bienes públicos.

Fuente: UCO

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