AVA-ASAJA advierte de los problemas por el sobrecoste del gas

La Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) ha advertido sobre el peligro de los sobrecostes producidos por las medidas del “tope del gas” para el sector agrario. Desde la agrupación han apuntado que lo establecido en el Real Decreto-ley 10/2022 también repercutirán en los usuarios domésticos y las empresas.

La decisión del gobierno de establecer un tope al coste del gas, con el objetivo de rebajar la factura de la luz, supone que las centrales que emplean esta fuente, fuente no pueden repercutir sus costes reales en la energía que ofertan al mercado, por lo que se les tienen que compensar por ese desfase, variable en función de las horas.

“La decisión del gobierno de establecer un tope al precio del gas para intentar abaratar la factura eléctrica no va a beneficiar a todos los usuarios finales. Ya que esta decisión se va a tener que asumir por los usuarios finales con un nuevo coste regulado, este coste regulado será para compensar las pérdidas de las empresas eléctricas o las centrales térmicas que utilizan el gas para la generación eléctrica”, ha explicado Rosa María Gómez, técnica del departamento de aguas de Ava-Asaja.

“Como agricultores este sobrecoste nos va a perjudicar mucho”.

Rosa María Gómez, técnica del departamento de aguas de Ava-Asaja.

La organización agraria ha señalado que quién asume ese coste adicional son los contratos indexados, PVPC (precio voluntario de pequeño consumidor) desde el 15 de junio de 2022 y todos aquellos contratos con precios fijos que se hayan firmado por primera vez o se hayan renovado a partir del 26 de abril de 2022. Además, han asegurado que si nada cambia este sobrecoste se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.

El presidente de Ava-Asaja, Cristóbal Aguado, ha afirmado que “nos pintan de rosa que el tope al gas ha beneficiado a los usuarios, ya sean empresas o domésticos, pero la realidad es que muchos consumidores se están viendo otra vez perjudicados con un nuevo sobrecoste, porque el Gobierno repercute al usuario final esta compensación. En el caso del sector agrario, que a diferencia de otros eslabones de la cadena alimentaria no tiene la capacidad real de repercutir esa subida de los costes energéticos a los precios que perciben, este sobrecoste por causas políticas significa un nuevo lastre para mantener una rentabilidad digna”.

“Nosotros no podemos incrementar el precio del producto final, y esto va a provocar pérdidas de rentabilidad”.

Rosa María Gómez, técnica del departamento de aguas de Ava-Asaja.

No en vano, según datos del Ministerio de Agricultura, los costes de producción en el sector agropecuario han aumentado un 37% en el último año y la electricidad ha alcanzado una inflación con un 196% de incremento interanual. Por ello, Ava-Asaja exige al Gobierno más medidas fiscales que resulten verdaderamente eficaces para aliviar la escalada de los costes de producción, tales como la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el riego; bonificaciones en la factura del gasóleo del 35% y del 15% de los fertilizantes, tal como se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria; así como una reducción fiscal en los productos fitosanitarios.

Asimismo, la asociación ha solicitado la aplicación del tipo superreducido del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores de aquellos medios de producción necesarios para el desarrollo de su actividad, como inputs agrarios y materias primas.

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