Mucho más que una crisis territorial
Es la noticia de las últimas semanas y promete ser el gran tema de debate y preocupación durante muchos meses más. La crisis catalana, de consecuencias aún imprevistas, ha sacudido como un terremoto los cimientos sociales, económicos y mediáticos del país.
Sin entrar en la cuestión política –con giros de guion a diario dignos de Hollywood-, lo cierto es que el “procés” y la grave crisis sociopolítica generada monopolizan toda la actualidad. Tal es el torbellino de todo tipo de noticias y acontecimientos relacionados con la mayor crisis territorial de nuestra democracia que importantes derivadas que nos afectan a todos quedan en un segundo plano.
Algunas de estos daños colaterales pueden acabar afectando gravemente a nuestro sector. Tras años de recortes en los presupuestos destinados a la inversión en infraestructuras y dos ejercicios con los PGE congelados a raíz de la parálisis gubernamental que padecimos en 2015 y 2016 se daba por hecha la aprobación de unos nuevos presupuestos. La economía española en general y el sector de las infraestructuras en general necesita estas partidas –que ya iban a ser reducidas de por sí- para comenzar a reactivar su actividad.
Tras el terremoto catalán y como consecuencia de sus muchas aristas políticas, este acuerdo alcanzado con el PNV para la aprobación de unos presupuestos para el próximo año ha quedado en suspenso. En este momento, y con la incertidumbre de lo que suceda tras las elecciones catalanas convocadas para el próximo 21 de diciembre en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la posibilidad de una nueva prórroga en los presupuestos es tan real como graves serían sus consecuencias.
El sector de la construcción lleva tiempo ofreciendo señales positivas. La reactivación del sector residencial y de la inversión privada es una gran noticia que empezaba a reflejarse en las cifras de actividad y venta de maquinaria. Pero todos los análisis coincidían: la recuperación se está produciendo sobre una base tan inestable, con unos niveles de actividad tan bajos y con los tejidos empresarial y laboral tan debilitados que cualquier piedra en el camino puede tener consecuencias imprevistas.
Más que una piedra, la crisis catalana es un ciclón que ha amenazado –y amenaza- con llevarse lo que como país hemos construido con mucho esfuerzo en los últimos años. El riesgo de ruptura ha quedado atenuado gracias a los mecanismos contemplados en nuestra Constitución. Pero un riesgo que permanece es el de la desconexión mental, que afecta a la confianza y por consiguiente a la inversión. El dinero huye de donde hay desconfianza. Y no hay artículo de la Constitución que pueda acabar con esta incertidumbre.
