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Editorial | La falacia del mal menor

Desde hace doce años, el mes de noviembre viene marcado por la celebración de los Premios Potencia. Una cita que desde su primera edición allá por 2007 se ha ido enriqueciendo año a año con nuevo contenido y que ha sido fiel reflejo de las vicisitudes del sector durante la última década.

La jornada que acompaña la ceremonia de entrega de los Premios Potencia de maquinaria tiene el objetivo de tratar temas de actualidad del sector de la obra pública, y en esta ocasión las carreteras, su estado de mantenimiento y sus vías de financiación fue una de las grandes cuestiones tratadas, con la participación de las asociaciones más importantes relacionadas con su fabricación, gestión y conservación.

De dicho debate se pudieron extraer dos grandes conclusiones. En primer lugar, que urge actuar contra el cada vez más evidente deterioro de los firmes de nuestras carreteras y hacer frente a un déficit de conservación que se ha agravado con los recortes en inversión pública. Por otro lado, se puso de manifiesta la necesidad de una voluntad política para afrontar este déficit y establecer un modelo de financiación sostenible y realista.

A pesar del esfuerzo inversor que siempre se trata transmitir desde Fomento, la realidad es que el déficit en conservación no ha cesado de crecer en los últimos años. La obra pública se ha convertido en el principal mecanismo de recorte del déficit para cumplir con el mandato de Bruselas y no parece que esta situación vaya a cambiar a corto plazo.

Por muchas declaraciones de intenciones que se lancen desde Fomento, la inversión en obra pública no es prioritaria para un Gobierno que, entiende, tampoco lo es para el ciudadano. A pesar de que su aprobación final es una quimera en estos momentos, si echamos un vistazo al acuerdo de presupuestos alcanzado por PSOE y Podemos, no existe ni una sola mención a la política en materia de infraestructuras en todo el documento. Como tampoco existe en el Plan Presupuestario 2019 remitido por el Gobierno a Bruselas, un documento que se supone más exhaustivo sobre el gasto previsto por el ejecutivo para el próximo ejercicio.

Las infraestructuras no son un caladero de votos a tener en cuenta. Mucho menos su conservación, que no se presta a inauguraciones ni a actos de campaña política. Se ha conseguido normalizar esta ausencia de inversión como un mal menor inevitable si queremos mantener la sanidad o el sistema de pensiones. Sin duda, son pilares esenciales del estado de bienestar y uno de los mayores logros del país en las últimas décadas.

Pero los ciudadanos tienen derecho a disponer de unas infraestructuras en perfecto estado de conservación que no comprometan la salud ni la integridad. Porque otro de los grandes logros de los últimos veinte años del siglo XX fue el desarrollo de unas infraestructuras que ampliaron exponencialmente la movilidad de los españoles y que han permitido vertebrar nuestro territorio como pocas políticas. A pesar de que no permita cortar cintas ni dé lugar a la fanfarria política, corremos el riesgo de que el deterioro de algo que costó mucho levantar sea definitivamente irreversible.

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