El Gobierno aprueba la revisión excepcional de precios en las obras públicas
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2022 con medidas de carácter extraordinario para permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales. El ejecutivo ha tomado esta medida para tratar de paliar el impacto que el fuerte incremento del precio de las materias primas está teniendo en las empresas constructoras, incremento de costes que, en muchos casos, excede el que puede ser incluido en los riesgos que el contratista ha de asumir en todo contrato.
De acuerdo con la norma aprobada por el Gobierno, de manera excepcional, en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal y que se encuentren en ejecución coincidiendo con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, con independencia del régimen jurídico que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato, se reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios.
Ello será así siempre que el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.
De esta manera, se considerará que existe ese impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del contrato certificados en el ejercicio 2021 su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y en su defecto aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021.
La cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato.
Reconocimiento a todos los contratos públicos
La revisión afecta a los contratos de obras en los que no se contemplaron sistemas de revisión de precios y también a aquellos contratos que sí incorporaron en sus Pliegos cláusulas de revisión, en relación con los períodos en los que dicha revisión aún no sería posible por no haberse ejecutado el 20 por cien del contrato o haber transcurrido menos de dos años desde su formalización (requisitos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público).
Esta norma también será aplicable en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas que así lo acuerden.
Solicitud del contratista
El órgano de contratación será el competente para aprobar la revisión excepcional de precios, si procede, previa solicitud del contratista, que deberá presentarla en el plazo de dos meses a contar, bien desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, bien desde la publicación de los índices de mensuales de los precios de los componentes básicos de costes, relativos al último trimestre de 2021, si esta publicación fuera posterior.
La solicitud irá acompañada de la documentación necesaria que acredite que se cumplen las condiciones para la revisión del contrato. Y el órgano de contratación deberá comprobar que se reúnen las circunstancias establecidas.
La cuantía resultante de la revisión excepcional se aplicará en la certificación final de la obra, como partida adicional, en función de la variación, al alza o a la baja que hayan experimentado los precios cada año, ajustándose así al principio de simetría de la legislación sobre desindexación. Aunque el órgano de contratación estará facultado para realizar pagos a cuenta por el importe de la revisión calculada a la fecha de pago de cada certificación de obra.
De la misma manera, el contratista que perciba la cantidad resultante de esta revisión excepcional deberá repercutir al subcontratista la parte que le corresponda por la porción de obra subcontratada.
Entre los elementos del contrato potencialmente revisables por este procedimiento excepcional no se incluye el precio de la energía, ya que el Gobierno ya ha adoptado importantes medidas para amortiguar el impacto de la subida de los precios mayoristas de la electricidad en la factura de hogares y empresas, como la rebaja del IVA o del Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Además, el Ejecutivo ha tomado medidas para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural; así como para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
